Perfil de los pueblos indígenas de Costa Rica

Marcos Guevara Berger
Mayo del 2000
Antecedentes
1. El siguiente informe está basado en los resultados de una serie de estudios realizados bajo la categoría de servicios no financieros del Banco Mundial y RUTA y tiene como enfoque temático el análisis de la problemática social y económica de los pueblos indígenas de Costa Rica. Los estudios fueron en coordinación con el Programa de Desarrollo Rural del Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) para que sirvan como antecedentes a las diferentes dependencias del Estado que atienden la problemática indígena para preparar una estrategia para el desarrollo de los pueblos indígenas.

La estrategia podría incluir: (a) un resumen de problemas, lecciones y mejores prácticas en cuanto al desarrollo rural y la reducción de la pobreza de los pueblos indígenas; (b) un análisis jurídico de la legislación actual y los derechos de los pueblos indígenas; (c) recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones responsables¿ de gestionar los asuntos indígenas.
(a) Sectores críticos de la problemática indígena que requieren del establecimiento de un marco amplio de autonomía
(b) Sectores del desarrollo como servicios básicos del Estado
(c) Sectores del desarrollo que deben resultar de la coordinación entre el Estado y los pueblos indígenas

2. El Banco Mundial y RUTA participaron en los estudios precisando los siguientes objetivos: (a) generar un cuerpo de información sistemático y actualizado sobre las condiciones demográficas, socioeconómicas y culturales de la población indígena de Costa Rica, de tal manera estableciendo un instrumento que facilite la preparación, implementación y evaluación de proyectos financiados por el Gobierno Oficial de Costa Rica, por el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales como FIDA y el Banco Interamericano de Desarrollo; y que a la vez logre eliminar costos de evaluaciones sociales elaboradas aisladamente; (b) proveer recomendaciones que asistan al gobierno de Costa Rica para generar un marco político que construya nuevos instrumentos institucionales relacionados con el desarrollo de los pueblos indígenas, eventualmente induciendo la identificación y preparación de un préstamo del Banco Mundial para Aprendizaje e Innovación (PAI); e (c) incrementar y facilitar el acceso a información sobre asuntos de desarrollo indígena a todas las partes interesadas, incluyendo organizaciones y comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones académicas.

3. Los estudios fueron supervisados por representantes del Banco Mundial, de RUTA, del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y de la Mesa Nacional Indígena. Todas las partes tuvieron la oportunidad de revisar la propuesta general del estudio así como los informes parciales y el borrador final.

4. La iniciativa fue conducida en tres fases. La primera fase abarcó una amplia revisión y análisis de literatura publicada y aquella que se encuentra en archivos de las dependencias de Gobierno y de otras instituciones de la Sociedad Civil; esta tarea fue realizada por un antropólogo costarricense en las siguientes temáticas: (a) política jurídica y su implicación para los pueblos indígenas; (b) etnografía de los pueblos indígenas; (c) demografía indígena; (d) los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales; (e) aspectos institucionales y sus consecuencias para los pueblos indígenas; y (f) territorialidad y tenencia de la tierra indígena.

5. La segunda fase de la iniciativa trató de consultaciones a nivel regional. Las consultas técnicas fueron realizadas por facilitadotes indígenas y consistieron en la recolección de información local y regional mediante observaciones y entrevistas. Los resultados de una primera sistematización de la información a nivel de regiones fueron consultados por los facilitadotes indígenas mediante talleres a los cuales asistieron representantes de las organizaciones y comunidades indígenas, agencias gubernamentales, el Banco Mundial y la Mesa Nacional Indígena. Las consultas técnicas se llevaron a cabo en seis regiones prioritarias: Suretka (sector Talamanca), Awarí (sector Bajo Chirripó), Paso Marcos (sector Chirripó Arriba), Piedras Blancas (sector de las regiones Ngobes), Buenos Aires (sector Buenos Aires) y Ciudad Colón (sector de Quitirrisí y Zapatón). La meta de las consultas fue lograr obtener una "perspectiva interna", es decir intentar entender el punto de vista de los múltiples pueblos indígenas provenientes de diversas regiones de Costa Rica, de esta manera conocer sus prioridades de desarrollo. Los resultados y la información obtenida fueron incorporados en todo el informe pero más específicamente en el capítulo IV. Además, parte de esta información se incorporó a un documento especial intitulado Insumos para el Plan de Desarrollo en Seis Territorios Indígenas, que se preparó a solicitud del Programa de Desarrollo Rural. Los talleres regionales quedaron también registrados en videos y cintas magnetográficas como producto de la fase de campo.

6. La tercera fase del estudio consistió en el análisis y la sistematización de toda la información lograda en las dos primeras fases y la elaboración del informe final. Se trató de presentar la información de tal forma que permita comprender complementariamente tres aspectos de la realidad de los pueblos indígenas: su condición de pueblos específicos (perspectiva étnica), la inserción en una región de desarrollo específica (perspectiva regional) y el desempeño de los sectores institucionales (perspectiva sectorial).

7. El informe contiene 5 capítulos y los anexos. El capítulo 1 consiste en una presentación general de los pueblos indígenas de Costa Rica, su ubicación territorial, el amparo jurídico de su estatus, sus rasgos culturales generales. El capítulo 2 trata de la relación de los pueblos indígenas y el Estado costarricense desde una perspectiva histórica. El capítulo 3 se refiere a la situación jurídica de los pueblos indígenas costarricenses en la actualidad. En él se discute la legislación indigenista vigente en Costa Rica y las transformaciones recientes que se han dado y algunas tendencias a partir de la aprobación del Convenio 169 de la OIT en 1992. El capítulo 4 analiza el rol del Estado costarricense con respecto a las demandas y necesidades manifestadas por los pueblos indígenas de diferentes formas. Este capítulo se basa fundamentalmente en el trabajo de campo realizado por los facilitadotes indígenas del perfil. Se hace una aproximación por regiones, con el fin de lograr comprender los problemas de orden específico y analizando los datos sectorialmente para cada una de estas regiones. La información ha sido aquí resumida en cuadros con la finalidad de permitir una ubicación rápida, sin embargo la información detallada se ofrece en anexos. El capítulo 5 realiza un balance crítico por sectores, de manera a poder visualizar en su conjunto y tener una perspectiva general de cada uno de estos. Se sugieren algunos lineamientos que puedan facilitar algunas acciones institucionales que creemos debe fomentar el Estado costarricense. En anexos, además de la información detallada que se resume en los cuadros, también se hace breve mención de la situación de la población de origen afro-caribeño y de las razones que llevan a no considerarla como población indígena en Costa Rica, a diferencia de lo que ocurre en otros países del área. Se aborda también una discusión sobre el significado mismo de lo indígena, que está sujeto a algunas polémicas.

Resultados principales de los estudios sociológicos
8. La sistematización de la información y los resultados de las consultas efectuadas por esta iniciativa reflejan las causas de la precaria situación política, económica y social en la que viven los pueblos indígenas de Costa Rica. Pasados esfuerzos de desarrollo han fracasado en incorporar el punto de vista indígena y frecuentemente han resultado en programas sumamente costosos e ineficaces. Mientras tanto los pueblos indígenas han permanecido marginados por el resto de la población costarricense. Cabe señalar que los pueblos indígenas viven en niveles de pobreza que sobrepasan significativamente los de los no indígenas. Por otro lado, los programas del sector social como salud y agua potable no llegan hasta ellos, siendo los más necesitados o bien, en el caso de la educación, no se adaptan a sus necesidades reales y perspectivas. Las estructuras políticas nacionales, incluyendo las organizaciones gubernamentales y las estructuras jurídicas, muchas veces han perjudicado a las organizaciones locales indígenas y a su seguridad jurídica del derecho de propiedad. El documento actual se dirige a estos problemas tratando de describirlos con la mayor precisión posible como aporte para que se diseñen estrategias apropiadas de desarrollo guiadas y originadas por los pueblos indígenas.

9. Con el propósito de llegar a entender las perspectivas de las comunidades indígenas y la de sus organizaciones, a continuación se destacan los resultados principales de los estudios sociológicos. De tal manera, estos resultados constituyen el contexto de la estrategia de desarrollo que se propone realizar:

10. Territorialidad y tenencia de la tierra.
La territorialidad y la tenencia de la tierra constituyen la condición más fundamental de los pueblos indígenas para lograr su reproducción social y cultural, por cuanto el vínculo con la tierra y el medio ambiente representa para los indígenas un ligamen económico y cultural. Con las notables excepciones de Tayní y Telire, se ha podido vislumbrar que la situación territorial de los pueblos indígenas es alarmante, por cuanto el Estado ha incumplido con el mandato legal de garantizar a las comunidades indígenas la propiedad sobre los Territorios Indígenas constituidos, además de que existen comunidades como Altos de San Antonio cuyo territorio ni siquiera ha sido legalmente reconocido. En muchas comunidades, especialmente en la zona norte y en la zona sur (Pacífico), los indígenas poseen en forma efectiva menos del 50% de los Territorios Indígenas reconocidos legalmente pues grandes extensiones han sido usurpadas ilegalmente por no indígenas sin que el Estado actúe eficazmente para impedirlo. A esto se suma el problema de la destrucción del medio ambiente consecuente a la ocupación no indígena, factor que ha provocado la degradación de los suelos y el agotamiento de los recursos naturales necesarios para la reproducción del modo de vida de las comunidades indígenas.

11. Identidad cultural.
Las identidades culturales de los pueblos indígenas, además de estar determinantemente ligadas al control efectivo de los territorios y sus recursos, poseen muchas manifestaciones originales y esenciales como las lenguas vernáculas, conocimientos detallados sobre el medio ambiente, tradiciones medicinales, elementos espirituales, bailes, artesanías y otros. La afirmación y el desarrollo de estas identidades ha encontrado múltiples barreras con la imposición de pautas de desarrollo por parte de la sociedad dominante no indígena y las instituciones estatales, que no toman en cuenta los conocimientos y los puntos de vista de los pueblos indígenas. No ha existido un ambiente propicio para que las identidades culturales de los pueblos indígenas se expresen con toda su riqueza y se consoliden.

12. Organización.
A pesar de que los pueblos indígenas han tenido formas propias de organización y representación, las políticas generales y las políticas indigenistas del Estado no las han entendido y propiciado. Al contrario, el Estado ha impuesto modelos de organización y representación que han, en la mayoría de los casos, socavado las formas de organización tradicionales. La experiencia ha demostrado que las formas de organización y representación impuestas por el Estado no han favorecido el desarrollo de las comunidades indígenas y más bien han provocado divisionismo y enfrentamientos entre sectores de dichas comunidades y entre estas e instituciones públicas y privadas.

13. Marco legal.
Existe en Costa Rica un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente considerando el reconocimiento a la territorialidad, expuesto en la Ley Indígena desde 1977, y del derecho consuetudinario, expuesto en el Convenio 169 de la OIT (adoptado por Costa Rica en 1992), el cual tiene rango normativo constitucional. Sin embargo, el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas ha quedado, la mayoría de las veces, en el papel y ha existido una desaplicación legal casi sistemática por parte del Estado, pues las instituciones públicas y los mismos tribunales de justicia actúan y resuelven desconociendo estos instrumentos jurídicos.

14. Población Afrocaribeña.
Al contrario de lo que ocurre en otros países del área centroamericana, como Honduras y Belice, en Costa Rica no ha habido un acercamiento efectivo entre organizaciones indígenas y organizaciones afrocaribeñas para reivindicar sus derechos y plantear demandas conjuntas. A pesar de compartir ambas poblaciones algunos problemas relacionados con la marginación social y cultural, existen diferencias culturales, sociales, económicas y políticas que explican las pocas coincidencias que han existido históricamente entre ambos sectores. Se presenta una discusión al respecto en los anexos del presente documento.

15. Pobreza e indicadores de marginalidad social.
La marginalidad social de los pueblos indígenas se expresa muy claramente en la deficiente atención que reciben por parte del Estado en cuanto a servicios básicos como la salud, la electrificación, la cobertura de la telefonía rural, etc. Se expresa también en problemas específicos a cada región y que no son resueltos por el Estado oportunamente, como los problemas de narcotráfico en regiones remotas. La pobreza es crítica y alarmante en los territorios indígenas en los que las comunidades han perdido la mayoría de sus tierras y recursos debido a las usurpaciones y a la ocupación ilegal por parte de no indígenas.

16. Acceso a servicios básicos de salud y sistemas sanitarios.
Los índices de mortalidad infantil y de morbilidad en la población indígena nacional no son conocidos con exactitud pues no se han hecho estudios suficientes al respecto. No obstante, la información cualitativa y las mismas declaraciones por parte de autoridades de este sector son suficientes para entender que estos índices son elevados y duplican y a veces triplican los índices nacionales. El acceso a los servicios básicos de salud y a sistemas sanitarios (como la construcción de acueductos) sigue siendo extremadamente deficiente y prohibitivo en el caso de comunidades remotas. Se indica que en las comunidades hacen falta puestos de salud, funcionarios competentes que los atiendan, medicinas, visitación médica más frecuente, acueductos. Se suma a estos problemas el de la discriminación que, en forma general, todas las comunidades denuncian al referirse a la atención que reciben en clínica y hospitales estatales.

17. Acceso a la educación.
Aunque la escolarización de la población infantil indígena es numéricamente elevada (quizás alcance el 90%), existen quejas generalizadas con respecto a la calidad de la educación que brindan las escuelas, especialmente porque se trata de una educación descontextualizada que actúa como desestímulo hacia la reproducción cultural, pues no fomenta (o muy poco) el uso de los idiomas vernáculos y de las tradiciones culturales. Los esfuerzos de muchos maestros indígenas y del Departamento de Educación Indígena del Ministerio de Educación Pública, han encontrado limitaciones severas para lograr una educación bilingüe pluricultural debido a las políticas institucionales del Estado, que poco toman en cuenta las particularidades de las comunidades indígenas y no disponen los recursos suficientes para el desarrollo efectivo de un modelo curricular indígena. A este problema se suma el acceso muy limitado de la población indígena a la educación secundaria y aún más restringida (casi nula) a la educación superior, lo que incide en la casi nula profesionalización indígena.

18. Acceso a la justicia y al Sistema Judicial.
Todas las comunidades indígenas se quejan del acceso a al justicia y de los resultados que se han obtenido cuando se logra. Por sus formalismos, el acceso al sistema judicial es casi imposible y, cuando se da, produce fallos tardíos o sesgados por el desconocimiento de los jueces con respecto a las costumbres y problemática indígenas, además del desconocimiento frecuente de las legislaciones indigenista vigente. Un factor positivo lo constituye el acceso a la Sala Constitucional, que ha producido una importante jurisprudencia, especialmente en torno a la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

19. Sistemas tradicionales de producción y desarrollo agrícola.
No ha existido prácticamente ningún programa estatal que haya tomado en cuenta las características propias de producción en las comunidades indígenas. Por otra parte, la atención a los problemas de comercialización ha sido casi nula, lo cual explica que las comunidades no hayan logrado un vinculación muy efectiva con respecto a la economía mercantil, siendo presa de los intermediarios, incluso en regiones como Talamanca en que se produce la mayor cantidad de plátano de consumo nacional.

20. El fracaso de las estrategias rurales convencionales.
Los estudios sociológicos y las consultaciones indican que, a pesar del desarrollo de proyectos de cierta envergadura en algunas regiones, persiste una falta de fondos por parte del gobierno y agencias internacionales dirigidos al desarrollo de los pueblos indígenas. El Estado nacional ha sido deficiente en la atención de la problemática indígena y ha sido encontrado formalmente responsable de la situación precaria de ciertas comunidades, tanto por acciones lesivas como por omisiones significativas en cuanto a la solución de esta problemática. Además, la acción del Estado, cuando ha existido, ha caído en el error de tratar el desarrollo indígena dentro de un esquema general como "problema relacionado con la pobreza", y ha solido proveer de servicios sociales básicos como parte de una estrategia orientada a la "reducción de la pobreza". Frecuentemente este tipo de proyectos ha fracasado en incorporar dentro de su diseño lo que los indígenas llamarían elementos básicos, como por ejemplo sus idiomas, valores, identidades y cosmovisión.

21. Además se debe notar que el capital humano indígena, en conjunto con sus estructuras de organización, conocimiento tradicional y tecnologías suele ser ignorado e, inclusive, en algunos casos se han introducido a nivel comunitario nuevas estructuras organizacionales causando un ruptura cultural. El sobreénfasis en el uso de una metodología sectorial por los proyectos de desarrollo ha contribuido a la fragmentación y desintegración de las estructuras tradicionales de estas comunidades. El resultado ha sido una significativa transferencia de recursos financieros a las áreas indígenas sin ningún impacto sostenible demostrable en sus vidas.

22. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).
A pesar de la existencia de una institución estatal encargada de la coordinación del desarrollo indígena, CONAI, desde hace 27 años, los resultados han sido mediocres y la calidad de vida de los pueblos indígenas se ha desmejorado notablemente en ese lapso. Los problemas que la comunidades indígenas plantean con respecto a esta institución son: la falta de recursos suficientes para que operen los programas de recuperación de tierras, la politización extrema de la institución que repercute negativamente en las organizaciones locales, la falta de voluntad política del Estado para lograr su transformación en un ente que estructure políticas desde la perspectiva de los pueblos indígenas.
23. Municipalidades.
Todas las comunidades indígenas son enfáticas en señalar la desatención por parte de las municipalidades de los cantones en los que se ubican los territorios indígenas. Existe una desvinculación histórica de las municipalidades con respecto a los problemas y necesidades de la población indígena del país.

24. ONG.
Las comunidades señalan en general que el papel de las ONG indígenas y no indígenas en sus territorios ha sido positivo, pues se han atendido demandas que ellas mismas han planteado y los proyectos y programas, por lo general, se han desarrollado en forma conjunta. Sin embargo, el esfuerzo de las ONG ha sido insuficiente para lograr un desarrollo alternativo de los pueblos indígenas.

25. Las comunidades y organizaciones indígenas como actores claves.
Las comunidades y sus organizaciones propias poseen un conocimiento claro de los problemas que padecen y de las formas en que deben resolverse, por lo cual constituyen actores claves para impulsar una estrategia de desarrollo indígena. Existen en todas las comunidades indígenas dirigentes y líderes destacados con plena capacidad para participar en la formulación de estas estrategias. En virtud del mandato que establece el Convenio 169 de la OIT, todos los planes y programa de desarrollo del Estado que afecten a los pueblos indígenas deben ser consultados, lo cual simplemente indica que la participación indígena es ineludible.

26. Visiones indígenas hacia el futuro.
Los líderes indígenas expresaron sus metas, como partes integrales de su visión hacia el futuro, y así surgieron temas generales previamente discutidos en las consultaciones indígenas. En el presente documento se ha intentado una interpretación agrupándolas en cuanto al rol que debe jugar el Estado para su cumplimiento.

27. Priorización de acciones.
Se interpreta que existen elementos para un desarrollo indígena que requieren ineludiblemente de un margen amplio de autonomía por parte de los pueblos indígenas para su puesta en marcha. Estos sectores son los de tenencia de la tierra y control de los territorios indígenas, la educación bilingüe pluricultural, el derecho consuetudinario, la institucionalidad de las políticas indigenistas y la organización de las comunidades indígenas. Sin excluir la necesaria coordinación, se identifican también sectores del desarrollo que responden a servicios básicos que el Estado debe atender con urgencia: servicios de salud y sistemas sanitarios, otros. Finalmente se identifican sectores en los que debe existir una estrecha coordinación con cada comunidad indígena: desarrollo productivo, gestión ambiental, vivienda y otros.

28. Territorio y tenencia de la tierra.
El Estado ha sido deficiente en garantizar la propiedad efectiva de las comunidades sobre sus territorios, lo cual ha repercutido negativamente en sus posibilidades de reproducción social y cultural y su desarrollo. El control efectivo sobre el territorio es una condición determinante para el desarrollo indígena, sin el cual todas las estrategias de desarrollo que impulse el Estado están condenadas al fracaso. Se deben impulsar planes de ordenamiento territorial autogestionarios que permitan definir las indemnizaciones que se deben hacer a propietarios de buena fe y los desalojos a los que se debe proceder en caso de propietarios no indígenas de mala fe.

29. Educación.
Se deben impulsar estrategias educativas flexibles dentro de un marco suficiente de autonomía para que la educación pueda efectivamente significar el desarrollo social y cultural de los pueblos indígenas. Se deben impulsar estrategias para lograr el acceso de los indígenas a la educación secundaria y superior.

30. Derecho consuetudinario.
Es necesario impulsar estrategias para lograr que las comunidades indígenas sistematicen sus normas de derecho consuetudinario de tal forma que los tribunales de justicia las tomen en cuenta y así logren resolver casos que se les presentan en forma concordante con los derechos de los pueblos indígenas y la legislación vigente.

31. Institucionalidad de las políticas indigenistas del Estado.
De mantenerse un órgano estatal encargado de la formulación y ejecución de políticas indigenistas, debe garantizarse un marco participativo suficiente de las comunidades indígenas para que dichas políticas verdaderamente reflejen sus prioridades y para evitar que dicho órgano actúe negativamente sobre sus legítimos intereses.

32. Organización.
Debe garantizarse un marco legal y político que permita a los pueblos indígenas definir autónomamente las formas de organización interna que mejor convenga a sus intereses y a sus estrategias de reproducción social y cultural.

33. Servicios básicos de salud.
La atención de la salud de las comunidades indígenas es de suma prioridad y el Estado debe redoblar esfuerzos para mejorar el acceso de los indígenas a los servicios básicos de salud, necesidad que ha sido expresada en forma unánime en las consultas realizadas en todas las comunidades.

34. Agua potable.
Teniendo en cuenta la degradación de los recursos naturales en los territorios y el hecho que el consumo de agua potable es un factor determinante sobre las condiciones de la salud, el Estado debe impulsar urgentemente la realización de un programa de construcción y revisión de acueductos en las comunidades indígenas para garantizar el consumo de agua potable y así reducir los índices alarmantes de morbilidad y mortalidad infantil. Esta necesidad ha sido igualmente expresada con fuerza y en forma unánime por todas las comunidades en las consultas realizadas.

35. Otros servicios.
La disposición de electricidad, teléfonos públicos y otros servicios básicos es una necesidad igualmente manifestada en forma unánime. Ha sido un error creer que tales servicios riñen con la reproducción social y cultural de los pueblos indígenas.

36. Desarrollo productivo.
El desarrollo productivo, tanto agrícola, artesanal, microempresarial, es importante para lograr estabilidad económica en las comunidades indígenas. Se debe fomentar la capacidad productiva en forma coordinada teniendo en cuenta las propias formas organizativas de las comunidades y sus características sociales y culturales, dando atención prioritaria al problema generalizado del mercadeo agropecuario.

37. Medio ambiente.
Muchas comunidades tienen colindancia o dependencia de áreas que el Estado ha declarado como protegidas y de acceso restringido. Porciones considerables de esas áreas son consideradas por las comunidades como parte de sus territorios ancestrales y patrimoniales pues resguardan recursos necesarios para la reproducción social y cultural y sitios considerados como sagrados. Se puede evitar la confrontación de intereses permitiendo que las mismas

38. Comunidades desarrollen en esas áreas estrategias de gestión ambiental sostenible de acuerdo a los valores que rigen sus relaciones con la naturaleza. En territorios indígenas degradados se deben impulsar estrategias para la recuperación ambiental.

39. Vivienda y otros.
Las necesidades en vivienda en las comunidades indígenas están directamente relacionadas con el deterioro ambiental de sus territorios por el hecho de que han mermado los recursos necesarios para la construcción. Se deben impulsar proyectos de vivienda en coordinación con las comunidades indígenas para lograr el mejoramiento de su calidad de vida, tomando en cuenta las tradiciones arquitectónicas propias y las necesidades específicas que suplen las viviendas indígenas tradicionales. La experiencia ha demostrado que los programas de vivienda diseñados de antemano y sin la participación indígena han incidido muchas veces negativamente por no considerar estos factores. Estas consideraciones deben extenderse a otros servicios institucionales del Estado.

Facilitadores por región:
Territorio Indígena de Guatuso: Aniceto Blanco (Maleku)
Territorios Indígenas de Quitirrisí y Zapatón: Juan Sánchez (Huetar)
Territorio Indígena de Chirripó: Benjamín Segura (Cabécar)
Territorios Indígenas de Nairí-Awarí, Tayní y Telire: Víctor Hernández
(Huetar)
Territorios Indígenas de Talamanca: Reynaldo González (Bribrí)
Territorios Indígenas de Buenos Aires: Alexis Morales (Brunka)
Territorios Indígenas Ngöbes: Maximino Bejarano y Leonicio Bejarano
(Ngöbes)