Relator de la ONU llama la atención por situación de pueblos indígenas en Costa Rica

Tomado del Semanario Universidad Edición 07/06/2011
El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, hizo un llamado de atención al Estado costarricense, por la situación actual de los pueblos originarios en nuestro país.
Anaya presentó un informe la semana anterior, en el que recopila sus principales observaciones y sugerencias, luego de haber visitado el país del 24 al 27 de abril pasado, con el objetivo de analizar las demandas indígenas alrededor del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Diquís, que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Además de indicar que la consulta a los pueblos indígenas es obligatoria antes de continuar cualquier proceso alrededor del proyecto hidroeléctrico, Anaya llamó la atención sobre otros problemas de vieja data, como la recuperación de tierras indígenas, la representatividad de los pueblos y el trámite al proyecto de ley de autonomía indígena.

El relator señala en su informe que las autoridades del ICE indicaron que el PH Diquís se encuentra todavía en fase de estudio; que el proyecto no ha sido aprobado dentro del procedimiento establecido por la ley; y que no se aprobará antes de concluir un proceso de consulta con los pueblos indígenas afectados.
Sin embargo, Anaya no considera que esto sea del todo cierto, pues “el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto”.

A su parecer, debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones iniciales.

Cree además que, a pesar de que el PH Diquís no ha sido aprobado, es claro que la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer su derecho de libre determinación, ha sido menoscabada en el proceso que lleva el proyecto.
El relator sugiere que para corregir estos errores, se debe realizar una consulta de manera adecuada y según los parámetros de convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras tanto, el integrante de la Mesa Nacional Indígena, Geiner Blanco, dijo a UNIVERSIDAD que el relator dejó muy claros los requisitos que debe cumplir esta consulta, para que sea válida y corresponda a los derechos de los pueblos autóctonos.
“El relator habla de que debería ser un equipo neutro el que lleve adelante la consulta, y además dice que el Estado debería asegurar el financiamiento para que la comunidad indígena pueda generar sus propios estudios y análisis, con expertos que estén fuera del control del ICE”, comentó Blanco.
Este indígena, de origen maleku, recordó además que el relator sugirió que se creen condiciones propicias para recuperar la confianza entre las partes, así como manifestaciones de buena fe por parte del Estado en lo que respecta a la consulta.
“La consulta tiene que realizarse de buena fe, y creemos que el resultado de la consulta debe ser vinculante para el Estado, dado que está amparada en lo que establecen los convenios internacionales”, afirmó Blanco.
Por su parte, el abogado especialista en derecho indígena y profesor de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón, explicó que si bien el informe del relator no tiene un peso jurídico, la reacción del ICE al informe muestra una aceptación a las sugerencias de Anaya.
“También hay jurisprudencia de la Sala Constitucional en la que se dice que las manifestaciones que se producen por parte de autoridades de ONU son vinculantes, y en este caso el relator es de la ONU”, puntualizó Chacón.
En el informe se recalca que el consentimiento al proyecto “se debería dar de manera libre e informada, con anterioridad a la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto, y se debería enmarcar explícitamente dentro de un acuerdo o acuerdos en que también se sienten compromisos por parte del Estado o del ICE”.

JALÓN DE OREJAS
El relator de Naciones Unidas también dedicó un apartado de observaciones sobre algunos problemas que viven los pueblos indígenas, sobre los cuales el Estado no ha hecho gran cosa durante muchos años.
Uno de estos problemas es la recuperación de tierras que por ley pertenecen a los territorios indígenas, pero que durante años han estado en manos de personas no indígenas.
Anaya recordó que de acuerdo con la Ley Indígena de 1977, las personas con “títulos de buena fe” tienen derecho a ser indemnizadas para que desocupen las tierras, pero la mayoría de los usurpadores no cuentan con títulos que respalden la posesión de los terrenos.
Por eso sugiere que se pueden aprovechar las negociaciones alrededor del PH Diquís, para que se recuperen terrenos que corresponden al pueblo térraba, como ejemplo para la recuperación en todos los demás territorios.
Al respecto, Geiner Blanco reclamó que esta ha sido una de las luchas de muchos años para los pueblos indígenas, sin que se logre una solución definitiva a los conflictos que esta situación ha generado.
El documento también menciona los problemas que existen con la representatividad de los pueblos indígenas, pues estos no consideran que las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) de cada uno de los territorios, sean las entidades adecuadas para representarlos.
Tampoco lo es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es vista como una agencia que vela por los intereses de gobierno, en los asuntos que tienen que ver con el indigenismo.
Anaya también señaló los problemas que han tenido los aborígenes con la tramitación del proyecto de “Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas”, el cual fue presentado por primera vez a la Asamblea Legislativa en 1995 y hasta el momento no se ha logrado que se le dé trámite.
Precisó que desde el 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación porque el proyecto de ley no había sido aprobado y recomendó que Costa Rica “elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto”.
En este sentido, Blanco lamentó que actualmente el proyecto de ley sigue paralizado, sin que haya manifestación de voluntad por parte del Gobierno para revivirlo, aunque reconoció que el tener el directorio legislativo en manos de la oposición, podría abrir de nuevo el camino de la propuesta hacia el plenario.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, reconoció que los legisladores tienen una deuda de 17 años con los pueblos indígenas y que el tema no ha tenido vialidad para ser discutido y votado.
“El tema ha sido reiteradamente pospuesto de la agenda parlamentaria; por el momento la Alianza no ha generado una discusión sobre el tema y sería necesario hacerlo”, agregó Mendoza, quien anunció que esta semana tendría una reunión con representantes indígenas para valorar la situación del proyecto.