16/3/08

Pronunciamientos de los pueblos indígenas afectados por las industrias extractivas

Tomado de www.minkandina.org
La Naturaleza es la Madre de toda la vida y, como parte de ella, tenemos el deber de protegerla y mantener su equilibrio para nosotros y para los hombres y mujeres de todos los pueblos y naciones, para las generaciones que ya pasaron y para las que vienen. Esto fue expresado claramente en la Cumbre de Guatemala por los pueblos indígenas del Abya Yala afectados por las industrias extractivas, en un pronunciamiento suscrito por 12 organizaciones, a iniciativa de la CAOI, cuya síntesis presentamos aquí.

Los pueblos indígenas originarios de Abya Yala, como propietarios ancestrales de los recursos naturales existentes en nuestros territorios hemos garantizado que el sol, el agua, el aire y la tierra, estén en armonía y sean bienes comunes accesibles para todos los seres vivos. Pero las grandes corporaciones de las industrias extractivas persisten en sus intentos mezquinos de saquear nuestros territorios, destruir la naturaleza y explotar a las personas. Estas prácticas son incompatibles con nuestras formas ancestrales de uso de los territorios, con la relación espiritual que tenemos con la naturaleza y con los propósitos de soberanía alimentaria. Las actividades de estas corporaciones hoy son claramente insostenibles. Para desarrollarlas cuentan con la complicidad de gobiernos cuya clase política está incorporada en los negocios globales por vía de la corrupción, y de las instituciones financieras internacionales que respaldan proyectos ilegítimos fundados en la sistemática violación a nuestros derechos humanos. Esta política pretende imponer otros hábitos de consumo, desestructurar la organización tradicional indígena, convertirnos en sus mercados, militarizar crecientemente nuestros países e imponer la idea perversa de que “contaminar legalmente” sí es posible. Frente a ello, los pueblos indígenas del Abya Yala demandamos a las corporaciones multinacionales de la minería, el petróleo, los bosques y la energía, y a las instituciones financieras internacionales, en primer lugar, el pleno respeto de nuestros derechos al territorio, al patrimonio natural de los pueblos y las formas de relación con la naturaleza que hemos desarrollado. Estos son anteriores y superiores a los Estados, son intangibles y son continuidad de los derechos ancestrales. Estos derechos están establecidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las salvaguardas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en general los estándares internacionales mínimos logrados en materia de procedimientos sociales, ambientales y técnicos en dichas industrias. Esto hace necesario la adhesión inmediata -en particular de los gobiernos de Colombia, Venezuela, Canadá y Estados Unidos- al consenso existente para la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, y la aprobación sin demora de la propuesta indígena de la Declaración Americana. Tales instrumentos internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, respaldan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y originarios, el cual debe ser aplicado respetando nuestras propias instituciones, usos y costumbres, nuestras formas de gobierno y representación comunitarias, antes de emprender y desarrollar cualquier actividad que nos afecte o pueda afectarnos. El consentimiento libre, previo e informado debe ser una condición para la firma de cualquier contrato o el emprendimiento de cualquier proyecto; por ello, los Estados deben reconocer y aplicar de forma inmediata el carácter vinculante de las consultas populares organizadas por las comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas afectados, y garantizar el derecho al acceso a la información incluyendo fuentes y mecanismos independientes. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala exigimos también el reconocimiento de la deuda ecológica y social que tienen con los pueblos y comunidades afectados, y en consecuencia la reparación integral de todos los impactos socioambientales negativos ocasionados a nuestros pueblos y países por las actividades de las industrias extractivas, tales como la destrucción de territorios y la pérdida de medios de vida, la contaminación de fuentes de agua y aire, los desplazamientos involuntarios, el avasallamiento político de las comunidades y, en no pocos casos, la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal. Para esto, Los Estados deben aceptar la realización de investigaciones y evaluaciones independientes de dichos impactos, como una garantía de que no se repetirán. Además, expresamos nuestro rechazo explícito a todas las prácticas de corrupción, discriminación racial y exclusión social que se profundizan y toleran en la mayoría de las intervenciones de las industrias extractivas que ocurren en nuestros territorios. Desafiamos a los Estados y corporaciones a erradicar estas prácticas, a adoptar medidas eficaces de prevención y a comprometerse con políticas de transparencia pública en todas sus acciones. De forma específica, exigimos su adhesión formal a la Iniciativa sobre Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), tal como lo hicieron los gobiernos de Bolivia y del Perú. Rechazamos, asimismo, los procesos de integración regional en América Latina, que buscan facilitar la infraestructura para la explotación extractivista, violando los mínimos criterios de soberanía y beneficio común. Hablamos de procesos tales como la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá, cuyos impactos negativos y evidentes son la destrucción de reservas ambientales y territorios indígenas, el agudo endeudamiento público, el desplazamiento de grandes poblaciones, el empobrecimiento de las comunidades y la pérdida de soberanía. En consecuencia, exigimos a los Estados el impulso de procesos de integración regional basados en la solidaridad y complementariedad entre las naciones, la soberanía y el control político sobre las grandes corporaciones y las instituciones financieras internacionales, la transparencia de las actuaciones públicas y privadas, la primacía del bienestar para las comunidades locales y los pueblos indígenas, así como su participación decisoria en la definición de prioridades, alternativas y procedimientos técnicos. Finalmente, nos comprometemos y llamamos a todas las organizaciones de los pueblos y nacionalidades afectadas a que articulemos las movilizaciones a novel regional, nacional y continental que se vienen dando contra las industrias extractivas y los procesos de integración impulsados por el capital corporativo.
El pronunciamiento está fechado en Guatemala, el 26 de marzo del 2007, y firmado por la CAOI; CONAMAQ, CPESC y OICH de Bolivia; CONACAMI y AIDESEP de Perú; CONIC de Guatemala; UCIZONI OAXACA de México; CRC de El Salvador; y WESTERN SHOSHONI de Estados Unidos.