El Diquís depende de generosidad del Estado con la Zona Sur

MERCEDES AGUERO R. maguero@nacion.com 23/04/2011

Pobladores piden hospital, carreteras y empleos a cambio de dar apoyo al proyecto
Represa obligará a reasentar diez pueblos e inundará territorios indígenas

El futuro de la megaplanta hidroeléctrica que el ICE pretende construir en la cuenca del río Térraba dependerá de la generosidad del Estado costarricense con los pobladores de la zona sur.
El Diquís, la obra constructiva más grande en la historia del país y con 650 megavatios de capacidad instalada, es clave para garantizar el suministro eléctrico a partir de noviembre del 2018.
Su construcción cambiará para siempre la vida de los habitantes de 10 comunidades que deberán ser reasentadas, parcial o totalmente, en otros sitios.
También impactará territorios indígenas, bosques, humedales, ríos, flora, fauna y sitios de gran riqueza arqueológica.
Para los pobladores de la zona, hay daños irreparables, pero hay otros que sí podrán ser compensados por el ICE y el Estado, a cambio del apoyo.
En esta especie de trueque, los vecinos piden que se les construya un hospital, carreteras, puentes, acueductos, centros de estudio y la recuperación de territorios indígenas, así como nuevas fuentes de trabajo.
La mayoría de estas peticiones se hicieron reiteradamente y desde hace años, pero a la fecha no hay respuesta gubernamental.
Si el ICE y el Estado atienden las demandas, el camino para desarrollar El Diquís se allana. En caso contrario, irá cuesta arriba.


El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reservará una parte del costo total del proyecto, estimado en $2.072 millones, para obras y programas de mitigación y compensación debido al fuerte impacto social, cultural y ambiental que tendrá.
No obstante, el gerente de Energía del ICE, Gravin Mayorga, reconoce que las demandas de los pobladores van más allá de lo que la institución puede atender. Requiere la participación activa del Estado y sus instituciones, dijo.
En criterio de Mayorga esto hace que El Diquís deba verse como un proyecto-país y no solo del ICE. Para atender este tema, el Gobierno conformó una comisión que integran 15 instituciones públicas.
El comité es coordinado por el primer vicepresidente, Alfio Piva, quien a principios de mes visitó la región y se comprometió a prestar atención a las demandas comunales. Lo que aún no ha definido es cuál será la fuente de financiamiento para concretar los planes.
Carencias. Las obras de mayor impacto de El Diquís estarán situadas en Buenos Aires, uno de los 10 cantones más pobres del país.
El índice de desarrollo humano, que mide el acceso a servicios como salud, educación y vivienda, lo ubicó en el 2004 en el puesto 76 en el ranking de los 81 cantones.
La economía del cantón gira alrededor de la agricultura, producción de granos básicos, ganadería y el cultivo de piña.
De ahí que la construcción de la represa también sea vista como una oportunidad. “Pero debemos sentarnos a negociar”, sentencia el alcalde local, Carlos Luis Mora.
La construcción de un hospital acorde con las necesidades de sus 47.500 habitantes, encabeza la lista de peticiones del ayuntamiento.
Hoy, el cantón solo cuenta con una clínica de atención básica.
A esto se suman otras necesidades urgentes como la construcción de un acueducto para el distrito central, una planta de tratamiento de aguas negras, edificación de puentes y rehabilitación de la red de caminos.

‘Tenemos que negociar primero’
Carlos Luis Mora
Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas

¿Ustedes apoyan la construcción de la planta El Diquís?
Sí estamos de acuerdo. S í vamos a apoyar, siempre y cuando nos sentemos en la mesa de negociación para que el pueblo y los gobiernos locales de los cantones afectados podamos defender los puntos que consideramos fundamentales. En Buenos Aires, empezamos con la construcción del hospital.

¿Es decir, se trata de un apoyo condicionado?
Sí, porque nosotros creemos que esas cosas debemos negociarlas antes de que el proyecto empiece. Uno sabe que cuando un proyecto arrancó y se construyó ya es tarde para empezar a negociar.

¿Cómo lo van a hacer?
Vamos a proponerle al Consejo de Gobierno que vengan, pero que ellos sean quienes nos escuchen (ya vinieron y nosotros los escuchamos) y ojalá establecer un documento o un convenio de compromiso con firmas de responsables.
”Pretendemos que, por vía decreto o de alguna ley, quede un impuesto a partir de que el proyecto empiece a producir la energía. Esto es porque ellos (el ICE) construyen, pero luego se van y quién le va a dar mantenimiento a nuestros caminos y a mitigar el impacto que la hidroeléctrica nos va a provocar. Porque nuestras costumbres, modo de vida y cultura en sí van a tener un cambio bastante brusco”.

Este proyecto también impacta a Osa y San Isidro de El General. ¿Cuál es la relación con esos ayuntamientos?
Hemos hablado de que debemos unirnos para hacer peticiones conjuntas, incluso, a nivel de los seis cantones que integran la cuenca del Térraba.
“Estamos claros que Buenos Aires es el cantón más impactado y tiene sus necesidades particulares, pero vamos unidos”.