Tomado del Semanario Universidad Edición 07/06/2011
El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, hizo un llamado de atención al Estado costarricense, por la situación actual de los pueblos originarios en nuestro país.
Anaya presentó un informe la semana anterior, en el que recopila sus principales observaciones y sugerencias, luego de haber visitado el país del 24 al 27 de abril pasado, con el objetivo de analizar las demandas indígenas alrededor del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Diquís, que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Además de indicar que la consulta a los pueblos indígenas es obligatoria antes de continuar cualquier proceso alrededor del proyecto hidroeléctrico, Anaya llamó la atención sobre otros problemas de vieja data, como la recuperación de tierras indígenas, la representatividad de los pueblos y el trámite al proyecto de ley de autonomía indígena.
El relator señala en su informe que las autoridades del ICE indicaron que el PH Diquís se encuentra todavía en fase de estudio; que el proyecto no ha sido aprobado dentro del procedimiento establecido por la ley; y que no se aprobará antes de concluir un proceso de consulta con los pueblos indígenas afectados.
Sin embargo, Anaya no considera que esto sea del todo cierto, pues “el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto”.
A su parecer, debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones iniciales.
Cree además que, a pesar de que el PH Diquís no ha sido aprobado, es claro que la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer su derecho de libre determinación, ha sido menoscabada en el proceso que lleva el proyecto.
El relator sugiere que para corregir estos errores, se debe realizar una consulta de manera adecuada y según los parámetros de convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras tanto, el integrante de la Mesa Nacional Indígena, Geiner Blanco, dijo a UNIVERSIDAD que el relator dejó muy claros los requisitos que debe cumplir esta consulta, para que sea válida y corresponda a los derechos de los pueblos autóctonos.
“El relator habla de que debería ser un equipo neutro el que lleve adelante la consulta, y además dice que el Estado debería asegurar el financiamiento para que la comunidad indígena pueda generar sus propios estudios y análisis, con expertos que estén fuera del control del ICE”, comentó Blanco.
Este indígena, de origen maleku, recordó además que el relator sugirió que se creen condiciones propicias para recuperar la confianza entre las partes, así como manifestaciones de buena fe por parte del Estado en lo que respecta a la consulta.
“La consulta tiene que realizarse de buena fe, y creemos que el resultado de la consulta debe ser vinculante para el Estado, dado que está amparada en lo que establecen los convenios internacionales”, afirmó Blanco.
Por su parte, el abogado especialista en derecho indígena y profesor de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón, explicó que si bien el informe del relator no tiene un peso jurídico, la reacción del ICE al informe muestra una aceptación a las sugerencias de Anaya.
“También hay jurisprudencia de la Sala Constitucional en la que se dice que las manifestaciones que se producen por parte de autoridades de ONU son vinculantes, y en este caso el relator es de la ONU”, puntualizó Chacón.
En el informe se recalca que el consentimiento al proyecto “se debería dar de manera libre e informada, con anterioridad a la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto, y se debería enmarcar explícitamente dentro de un acuerdo o acuerdos en que también se sienten compromisos por parte del Estado o del ICE”.
JALÓN DE OREJAS
El relator de Naciones Unidas también dedicó un apartado de observaciones sobre algunos problemas que viven los pueblos indígenas, sobre los cuales el Estado no ha hecho gran cosa durante muchos años.
Uno de estos problemas es la recuperación de tierras que por ley pertenecen a los territorios indígenas, pero que durante años han estado en manos de personas no indígenas.
Anaya recordó que de acuerdo con la Ley Indígena de 1977, las personas con “títulos de buena fe” tienen derecho a ser indemnizadas para que desocupen las tierras, pero la mayoría de los usurpadores no cuentan con títulos que respalden la posesión de los terrenos.
Por eso sugiere que se pueden aprovechar las negociaciones alrededor del PH Diquís, para que se recuperen terrenos que corresponden al pueblo térraba, como ejemplo para la recuperación en todos los demás territorios.
Al respecto, Geiner Blanco reclamó que esta ha sido una de las luchas de muchos años para los pueblos indígenas, sin que se logre una solución definitiva a los conflictos que esta situación ha generado.
El documento también menciona los problemas que existen con la representatividad de los pueblos indígenas, pues estos no consideran que las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) de cada uno de los territorios, sean las entidades adecuadas para representarlos.
Tampoco lo es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es vista como una agencia que vela por los intereses de gobierno, en los asuntos que tienen que ver con el indigenismo.
Anaya también señaló los problemas que han tenido los aborígenes con la tramitación del proyecto de “Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas”, el cual fue presentado por primera vez a la Asamblea Legislativa en 1995 y hasta el momento no se ha logrado que se le dé trámite.
Precisó que desde el 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación porque el proyecto de ley no había sido aprobado y recomendó que Costa Rica “elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto”.
En este sentido, Blanco lamentó que actualmente el proyecto de ley sigue paralizado, sin que haya manifestación de voluntad por parte del Gobierno para revivirlo, aunque reconoció que el tener el directorio legislativo en manos de la oposición, podría abrir de nuevo el camino de la propuesta hacia el plenario.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, reconoció que los legisladores tienen una deuda de 17 años con los pueblos indígenas y que el tema no ha tenido vialidad para ser discutido y votado.
“El tema ha sido reiteradamente pospuesto de la agenda parlamentaria; por el momento la Alianza no ha generado una discusión sobre el tema y sería necesario hacerlo”, agregó Mendoza, quien anunció que esta semana tendría una reunión con representantes indígenas para valorar la situación del proyecto.
8/6/11
Relator de la ONU llama la atención por situación de pueblos indígenas en Costa Rica
Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba
Comunicado de prensa
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas finaliza reporte sobre el PH Diquís y la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica
Dan la bienvenida al informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
El Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba, recibe con mucho entusiasmo el primer Informe y recomendaciones dadas por el Señor Relator Especial James Anaya. Ya que el mismo viene a ratificar con claridad, las violaciones en derechos que habíamos denunciado. A la vez informa por este medio que seguiremos en pie de lucha e insta a las demás poblaciones indígenas a unirse más por la defensa de nuestra madre tierra, nuestras costumbres y tradiciones.
En Térraba se ha denunciado en repetidas ocasiones por parte del Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba la manera en la que ha procedido el ICE al impulsar el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, ya que esto ha violentado los derechos colectivos del pueblo Teribe. En este sentido, el Relator Especial reafirma nuestras denuncias en su informe al indicar que “... aunque el proyecto hidroeléctrico todavía no haya sido finalmente aprobado, la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la libre-determinación y de sentar sus propias prioridades para el desarrollo ha sido menoscabada.
A pesar de las obligaciones que tiene el Estado costarricense por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y su voto favorable para la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, el Estado sigue sin escuchar a los pueblos indígenas, en especial con un proyecto de la envergadura del PH Diquís, que se ubica en una zona donde afectará directamente a siete territorios indígenas.
La injerencia del Estado, a través del ICE y las Asociaciones de Desarrollo Integral han irrespetado la representación tradicional de los pueblos indígenas, el relator resalta esto en su reporte “... el Estado debería abstenerse de intentar influir en la definición de las modalidades de representación indígena, mientras que debería estar dispuesto a apoyar logísticamente a los pueblos indígenas en el proceso de esa definición, si estos así lo desean” y “ el Estado no debería precipitarse en el diálogo con las partes indígenas acerca del procedimiento de consulta a realizarse.
Es necesario que los actores estatales tengan paciencia para que las partes indígenas puedan definir sus modalidades de representación, y también para que puedan prepararse adecuadamente antes de iniciar el diálogo.”
En este sentido, desde el pueblo indígena de Térraba El Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba le exige al ICE, que su salida del territorio y del Cantón sea definitiva – sin maquinaria, sin operarios en el sitio de presa y sin vehículos del Proyecto Diquís y funcionarios transitando o visitando el territorio, promoviendo actividades con relación al mismo, dentro y fuera del territorio.
Se le prohíbe a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI, su injerencia en actividades y utilización de vehículos oficiales para fomentar grupos pro Diquís, ya que son una entidad estatal y de ninguna manera representan a los pueblos indígenas de Costa Rica
Deseamos resaltar el hecho de que tres instancias internacionales: La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y ahora el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han indicado que en Costa Rica hay claras violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, a la fecha el Estado sigue violentando nuestros derechos.
Por el respeto a nuestros derechos milenarios a la naturaleza y a la vida
Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba
Enrique Rivera Rivera 88 74 51 42 Email: mucinte@gmail.com
Elides Rivera Navas: 8858 - 0416 Email: elides.r.n@hotmail.com
Paulino Nájera Rivera: 2730 - 5493 Email: paulino_najera@yaho.com
Byron Reyes Ortiz: 8653 - 8164 Email: barozz100@gmail.com
Jerhy Rivera Rivera 86-69-24-23 Email: jerhydubon@gmail.com