Tomado de Informa-tico.com el 07/08/2011
Miembros de la comunidad indígena bríbri de Kéköldi fueron detenidos por defender sus tierras de un empresario italiano que las reclama.
Varios indígenas de la comunidad bríbri de Kéköldi, Talamanca, fueron detenidos este jueves por la policía luego de una disputa en sus tierras con el empresario italiano, Idolo Mastroeni, quien reclama derechos de propiedad sobre una parte de los territorios ancestrales de este pueblo. A pesar de que una resolución del Registro Inmobiliario (octubre 2010) inmoviliza la finca pues se encuentra en territorio indígena, la Fiscalía de Bríbri sigue actuando contra los indígenas, que han denunciado la arbitrariedad y el irrespeto al debido proceso a que tienen derecho, afirman en un comunicado.
La comunidad Kéköldi asegura que la policía y las autoridades de la zona “los amedrentan y amenazan” con el propósito de “desgastar la justa lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios”.
La detención se produjo, informó la comunidad Kéköldi, cuando varios indígenas construían un pequeño galerón con bambú y plástico para realizar una actividad con otras comunidades del territorio indígena bríbri para compartir la situación por la que están pasando. Un grupo de oficiales del OIJ entró y se llevó detenidas a 5 personas, con el pretexto de que las familias indígenas no pueden realizar ningún trabajo en sus propias tierras; y además les decomisaron sus herramientas de trabajo (picos, machetes).
Los detenidos son: Bernicio Mora Mora, Jacob Mayorga Mora, Aníbal Hidalgo, Víctor Morales Arce y Ermelino Sánchez Arias, de quienes ya entrada la noche de jueves, no se tenían noticias porque la Fiscalía de Bríbri se negaba a brindar información
Varios vecinos de distintas comunidades indígenas y campesinas de Talamanca, se trasladaron a las afueras de la Fiscalía exigiendo la liberación de estos indígenas. El primero de julio pasado habían sido detenidas más de 10 mujeres y hombres con violencia e insultos racistas, y se les impusieron medidas cautelares para impedirles el ingreso a sus tierras.
7/8/11
Indígenas detenidos por defender sus tierras en Talamanca
8/6/11
Relator de la ONU llama la atención por situación de pueblos indígenas en Costa Rica
Tomado del Semanario Universidad Edición 07/06/2011
El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, hizo un llamado de atención al Estado costarricense, por la situación actual de los pueblos originarios en nuestro país.
Anaya presentó un informe la semana anterior, en el que recopila sus principales observaciones y sugerencias, luego de haber visitado el país del 24 al 27 de abril pasado, con el objetivo de analizar las demandas indígenas alrededor del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Diquís, que pretende desarrollar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Además de indicar que la consulta a los pueblos indígenas es obligatoria antes de continuar cualquier proceso alrededor del proyecto hidroeléctrico, Anaya llamó la atención sobre otros problemas de vieja data, como la recuperación de tierras indígenas, la representatividad de los pueblos y el trámite al proyecto de ley de autonomía indígena.
El relator señala en su informe que las autoridades del ICE indicaron que el PH Diquís se encuentra todavía en fase de estudio; que el proyecto no ha sido aprobado dentro del procedimiento establecido por la ley; y que no se aprobará antes de concluir un proceso de consulta con los pueblos indígenas afectados.
Sin embargo, Anaya no considera que esto sea del todo cierto, pues “el diseño del proyecto se encuentra en un estado avanzado, y el Gobierno ha tomado varias decisiones comprometiéndose al estudio y la elaboración del proyecto”.
A su parecer, debería haberse iniciado un proceso de consulta sobre el proyecto hidroeléctrico antes de haberse comenzado los estudios técnicos, lo que hubiera permitido a las comunidades indígenas afectadas participar en las decisiones iniciales.
Cree además que, a pesar de que el PH Diquís no ha sido aprobado, es claro que la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer su derecho de libre determinación, ha sido menoscabada en el proceso que lleva el proyecto.
El relator sugiere que para corregir estos errores, se debe realizar una consulta de manera adecuada y según los parámetros de convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras tanto, el integrante de la Mesa Nacional Indígena, Geiner Blanco, dijo a UNIVERSIDAD que el relator dejó muy claros los requisitos que debe cumplir esta consulta, para que sea válida y corresponda a los derechos de los pueblos autóctonos.
“El relator habla de que debería ser un equipo neutro el que lleve adelante la consulta, y además dice que el Estado debería asegurar el financiamiento para que la comunidad indígena pueda generar sus propios estudios y análisis, con expertos que estén fuera del control del ICE”, comentó Blanco.
Este indígena, de origen maleku, recordó además que el relator sugirió que se creen condiciones propicias para recuperar la confianza entre las partes, así como manifestaciones de buena fe por parte del Estado en lo que respecta a la consulta.
“La consulta tiene que realizarse de buena fe, y creemos que el resultado de la consulta debe ser vinculante para el Estado, dado que está amparada en lo que establecen los convenios internacionales”, afirmó Blanco.
Por su parte, el abogado especialista en derecho indígena y profesor de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón, explicó que si bien el informe del relator no tiene un peso jurídico, la reacción del ICE al informe muestra una aceptación a las sugerencias de Anaya.
“También hay jurisprudencia de la Sala Constitucional en la que se dice que las manifestaciones que se producen por parte de autoridades de ONU son vinculantes, y en este caso el relator es de la ONU”, puntualizó Chacón.
En el informe se recalca que el consentimiento al proyecto “se debería dar de manera libre e informada, con anterioridad a la decisión estatal que permita el inicio de las obras del proyecto, y se debería enmarcar explícitamente dentro de un acuerdo o acuerdos en que también se sienten compromisos por parte del Estado o del ICE”.
JALÓN DE OREJAS
El relator de Naciones Unidas también dedicó un apartado de observaciones sobre algunos problemas que viven los pueblos indígenas, sobre los cuales el Estado no ha hecho gran cosa durante muchos años.
Uno de estos problemas es la recuperación de tierras que por ley pertenecen a los territorios indígenas, pero que durante años han estado en manos de personas no indígenas.
Anaya recordó que de acuerdo con la Ley Indígena de 1977, las personas con “títulos de buena fe” tienen derecho a ser indemnizadas para que desocupen las tierras, pero la mayoría de los usurpadores no cuentan con títulos que respalden la posesión de los terrenos.
Por eso sugiere que se pueden aprovechar las negociaciones alrededor del PH Diquís, para que se recuperen terrenos que corresponden al pueblo térraba, como ejemplo para la recuperación en todos los demás territorios.
Al respecto, Geiner Blanco reclamó que esta ha sido una de las luchas de muchos años para los pueblos indígenas, sin que se logre una solución definitiva a los conflictos que esta situación ha generado.
El documento también menciona los problemas que existen con la representatividad de los pueblos indígenas, pues estos no consideran que las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) de cada uno de los territorios, sean las entidades adecuadas para representarlos.
Tampoco lo es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es vista como una agencia que vela por los intereses de gobierno, en los asuntos que tienen que ver con el indigenismo.
Anaya también señaló los problemas que han tenido los aborígenes con la tramitación del proyecto de “Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas”, el cual fue presentado por primera vez a la Asamblea Legislativa en 1995 y hasta el momento no se ha logrado que se le dé trámite.
Precisó que desde el 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación porque el proyecto de ley no había sido aprobado y recomendó que Costa Rica “elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto”.
En este sentido, Blanco lamentó que actualmente el proyecto de ley sigue paralizado, sin que haya manifestación de voluntad por parte del Gobierno para revivirlo, aunque reconoció que el tener el directorio legislativo en manos de la oposición, podría abrir de nuevo el camino de la propuesta hacia el plenario.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, reconoció que los legisladores tienen una deuda de 17 años con los pueblos indígenas y que el tema no ha tenido vialidad para ser discutido y votado.
“El tema ha sido reiteradamente pospuesto de la agenda parlamentaria; por el momento la Alianza no ha generado una discusión sobre el tema y sería necesario hacerlo”, agregó Mendoza, quien anunció que esta semana tendría una reunión con representantes indígenas para valorar la situación del proyecto.
Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba
Comunicado de prensa
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas finaliza reporte sobre el PH Diquís y la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica
Dan la bienvenida al informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
El Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba, recibe con mucho entusiasmo el primer Informe y recomendaciones dadas por el Señor Relator Especial James Anaya. Ya que el mismo viene a ratificar con claridad, las violaciones en derechos que habíamos denunciado. A la vez informa por este medio que seguiremos en pie de lucha e insta a las demás poblaciones indígenas a unirse más por la defensa de nuestra madre tierra, nuestras costumbres y tradiciones.
En Térraba se ha denunciado en repetidas ocasiones por parte del Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba la manera en la que ha procedido el ICE al impulsar el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, ya que esto ha violentado los derechos colectivos del pueblo Teribe. En este sentido, el Relator Especial reafirma nuestras denuncias en su informe al indicar que “... aunque el proyecto hidroeléctrico todavía no haya sido finalmente aprobado, la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la libre-determinación y de sentar sus propias prioridades para el desarrollo ha sido menoscabada.
A pesar de las obligaciones que tiene el Estado costarricense por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y su voto favorable para la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, el Estado sigue sin escuchar a los pueblos indígenas, en especial con un proyecto de la envergadura del PH Diquís, que se ubica en una zona donde afectará directamente a siete territorios indígenas.
La injerencia del Estado, a través del ICE y las Asociaciones de Desarrollo Integral han irrespetado la representación tradicional de los pueblos indígenas, el relator resalta esto en su reporte “... el Estado debería abstenerse de intentar influir en la definición de las modalidades de representación indígena, mientras que debería estar dispuesto a apoyar logísticamente a los pueblos indígenas en el proceso de esa definición, si estos así lo desean” y “ el Estado no debería precipitarse en el diálogo con las partes indígenas acerca del procedimiento de consulta a realizarse.
Es necesario que los actores estatales tengan paciencia para que las partes indígenas puedan definir sus modalidades de representación, y también para que puedan prepararse adecuadamente antes de iniciar el diálogo.”
En este sentido, desde el pueblo indígena de Térraba El Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba le exige al ICE, que su salida del territorio y del Cantón sea definitiva – sin maquinaria, sin operarios en el sitio de presa y sin vehículos del Proyecto Diquís y funcionarios transitando o visitando el territorio, promoviendo actividades con relación al mismo, dentro y fuera del territorio.
Se le prohíbe a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI, su injerencia en actividades y utilización de vehículos oficiales para fomentar grupos pro Diquís, ya que son una entidad estatal y de ninguna manera representan a los pueblos indígenas de Costa Rica
Deseamos resaltar el hecho de que tres instancias internacionales: La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y ahora el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han indicado que en Costa Rica hay claras violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, a la fecha el Estado sigue violentando nuestros derechos.
Por el respeto a nuestros derechos milenarios a la naturaleza y a la vida
Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térraba
Enrique Rivera Rivera 88 74 51 42 Email: mucinte@gmail.com
Elides Rivera Navas: 8858 - 0416 Email: elides.r.n@hotmail.com
Paulino Nájera Rivera: 2730 - 5493 Email: paulino_najera@yaho.com
Byron Reyes Ortiz: 8653 - 8164 Email: barozz100@gmail.com
Jerhy Rivera Rivera 86-69-24-23 Email: jerhydubon@gmail.com
6/5/11
Celebración Día del Indígena 29 de abril de 2011
Centro Universitario Talamanca
Con la participación de vecinos de la comunidad de Amubri, Talamanca, el aval del señor Justo Avelino Torres Layan, autoridad espiritual quien funge como okom y Bikakla dentro de la jerarquía social bribri, así como el esfuerzo del equipo de trabajo del Centro Universitario Talamanca, se desarrolló como se tenía previsto la Celebración del Día del Indígena.
En esta ocasión, como actividad de fondo la “Hala de Piedra”, la cual es una sesión de trabajo colectivo en donde, una familia identifica una piedra con características particulares que le permitan fungir como máquina para triturar granos (maíz, cacao, café, etc) utilizados cotidianamente por dicha familia para la elaboración de diferentes platillo o bebidas.
Una vez identificada la piedra que servirá como herramienta para uso de la familia o comunidad, se procede a celebrar una ceremonia espiritual única, paralelamente, con el apoyo de personas entendidas en dichos saberes, se adentran a la montaña en busca de materiales rigurosamente seleccionados, atendiendo especie de árbol, de liana “bejuco”; además se contempla la fase lunar para favorecer la resistencia de los materiales al momento de realizar el traslado de la piedra.
En esta ocasión la familia “propietaria” de la piedra, seleccionó un ejemplar ubicado en la rivera del Río Urén, camino hacia Katsi, a alrededor de tres kilómetros de distancia del hogar donde finalmente se ubicaría la herramienta.
La actividad se desarrolló atendiendo el siguiente programa propuesto por el equipo de trabajo del CEU Talamanca y aprobado por Justo Avelino.
Dado a la estrecha relación de los indígenas con la naturaleza, la ceremonia propiamente dicha inició, con dos bailes del Sorbón y dos cantos del Duré, propios de la cultura bribri y que se corresponden con actividades básicas de este tipo de ceremonia, cuyo objetivo es agradecer a Sibö (Dios) por la vida y la naturaleza, así como solicitando su bendición y protección en todo momento del traslado de uno de los elementos creados por Sibö y que sus hijos ubicarían en otro lugar.
Ubicados en el sitio donde se encontraba ubicada la piedra, la misma estaba colocada sobre una estructura construida por conocedores de esta actividad, todos los materiales provistos por la madre naturaleza en su totalidad.
En el lugar se realizó una serie de rituales espirituales con el objetivo de conseguir el desarrollo exitoso del traslado de la piedra.
Luego de transcurrido alrededor de una hora de labores para ultimar detalles de “seguridad ocupacional”, con el esfuerzo físico de los participantes se procedió a elevar la estructura sobre los hombros de los participantes. Se requirió de al menos cuarenta personas para soportar el peso conjunto de la piedra con el armazón donde se encontraba postrada.
Así, avanzados recién ochenta metros de distancia del punto de inicio del traslado, se visualizó el primer reto, el caudal del Río Urén, con un cauce de al menos un metro de profundidad y treinta de largo, con numerosas rocas resbaladizas y una considerable fuerza de arrastre por parte de la corriente de agua.
Con fuertes gritos motivacionales y una marcada carga de adrenalina en sangre, el equipo de hombres subió la estructura nuevamente a sus hombros, mientras que las mujeres, con ayuda de una liana sujetada en la parte delantera del armazón, tiraban con una fuerza motivadora a sus compañeros y con además guiando inteligentemente la ruta a seguir mientras se atravesaba el cauce de dicho río.
Este sector fue una de los dos escenarios de mayor riesgo y apremio de la actividad.
Luego de pasar la primera prueba, se requirió un breve descanso, donde los participantes aprovecharon para rehidratarse y aportar a sus organismos energía a través de la tradicional chicha (bebida fermentada a base de maíz). A partir de este punto la topografía del terreno favoreció un avance rápido y mantenido, además durante esta etapa se caracterizó por la expresión del trabajo en relevos rápidos de personas a distancias prudentes, con lo que se favoreció maximizar el talento humano existente y distribuir las cargas físicas de forma equitativa.
Posterior a seis breves descansos y a escasos metros del destino final de la piedra, apareció la segunda prueba de riesgo, una pendiente de cuarenta y cinco grados, cien metros de distancia, suelo húmedo, arcilloso, con numerosos arbustos y camino serpenteante.
Sin embargo, el deseo de culminar como fue establecida la actividad, reinaba en cada uno de los participantes. Luego de unas palabras de motivación del líder Justo Avelino, sumados los gritos de lucha, el trabajo en equipo coordinado entre los hombres al cargar nuevamente la estructura con la piedra y la importantísima labor de las mujeres al frente, como guías de los hombres, tirando de la liana de forma valiente y con una tenacidad digna de resaltar, fue posible luego de transcurridos cuarenta minutos de lucha inteligente y fuerza humana, ubicar la piedra en el lugar escogido por la familia de propietaria de la misma.
Durante este tramo, la velocidad de avance disminuyó de forma considerable, los agotados músculos exigían frecuentes relevos sin que ello significara colocar el armazón en el suelo. De ahí que varias personas resultaron con contusiones propinadas por arbustos y troncos que se encontraban a su paso.
Una vez colocada la piedra en su sitio, se hicieron presente los “kekepas cantores”, quienes con sus tambores propios para contos ceremoniales, daban las gracias a Sibö por permitir el desarrollo de la jornada con todo éxito y así dar la bienvenida a la piedra a su nuevo hogar.
No se hicieron esperar los gritos de alegría y comentarios de los entusiastas participantes propios de una celebración de semejante trascendencia cultural.
Para recuperar energías, a los participantes se les compensó con un sabroso almuerzo elaborado en cocina de leña y por las manos unas trabajadoras mujeres, servido en los tradicionales platos hechos con hojas.
Como parte final de la actividad, se ejecutó lo establecido en el programa. A pesar de la agotadora jornada, se realizó la molida de maíz, pela de banano tanto hombres como mujeres, los bailes del Sorbón y los del Duré. A los participantes les fue reconocido su esfuerzo mediantes obsequios (hacha, machetes, coffe maker, plancha, olla) que fueron gentilmente aportados por la empresa privada en miras de apoyar la actividad.
30/4/11
Relator ONU recordó a Costa Rica derecho a consulta de pueblos indígenas
Fuente: elpais.cr | 28/04/2011
San José (elpais.cr) - En su última actividad oficial en el país, el Relato de Naciones Unidas para asuntos indígenas, James Anaya, declinó adelantar criterios de su investigación en Costa Rica sobre la falta de consulta al pueblo Térraba para construir el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.
Al finalizar un foro este miércoles, organizado por las universidades Estatal a Distancia (UNED), y de Costa Rica (UCR), Anaya se sintió obligado a leer el Art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, que reza textualmente:
"Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado".
En el cierre de su visita a Costa Rica, y ante un auditorio en el que no cabía más público, y escaleras y costados abarrotados de un numeroso y entusiasta público, se realizó el Foro convocado por la UCR y la UNED.
El Foro fue dedicado a discutir sobre los procesos de consulta y autonomía indígena, con énfasis en el caso del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
Dicho proyecto es impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin observar el cumplimiento de los derechos indígenas de los pueblos que serán inundados, aseguró la organización Mesa Nacional Indígena de Costa Rica.
El foro se celebró con ocasión de la visita al país del Dr: James Anaya, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Anaya visitó oficialmente al país, del 24 al 27 de abril con el fin de investigar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, en especial en relación con El Diquís, la tenencia ilegal de tierras en territorios indígenas y la no aprobación del proyecto de Ley Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que tiene 17 año en archivos legislativos.
En el foro, además de Anaya participaron los representantes indígenas Hugo Lázaro Estrada, de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) y la señora Isabel Rivera Navas, por el Territorio de Térraba; y el señor Franklin Ávila, Director del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, del ICE.
Durante las respuestas, el representante del ICE, Ing. Ávila, fue incapaz de responder qué pasaría si la consulta con los indígenas arroja resultados distintos a la continuación del proyecto.
De igual manera, pese a la insistencia de varias preguntas del público, declinó precisar si el ICE consideraría el resultado de la consulta como vinculante o no.
Por su parte, la asesora del legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, Paola Vega, enseño una carta de respuesta del mismo funcionario Ávila al despacho de Monge en el que se contradecía con lo que había expuesto en su intervención durante el foro sobre la necesidad de la consulta a los pueblos indígenas.
Por su parte, un antropólogo despedido por el ICE en razón de sus observaciones a la necesidad de consultar a los indígenas, denunció el doble discurso de funcionarios del ICE y distribuyó un e-mail de Ávila otrora su jefe, negando la necesidad de realizar consulta a las poblaciones indígenas.
Entre el público participaron representantes de entidades indígenas, estudiantes, académicos, numerosos periodistas, así como miembros de ONG ecologistas, y asesores legislativos de varias bancadas, y funcionarios de la Sala IV, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Relator finalizó este miércoles 27 de abril su gira de tres días a Costa Rica en atención a la solicitud del Gobierno para observar la situación de los derechos de los pueblos indígenas y conocer el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) y su eventual afectación a esas comunidades, debido a denuncias y presiones de las organizaciones autóctonas.
Este miércoñes, Anaya fue recibido por el vicepresidente, Alfio Piva; el vicecanciller Carlos Roverssi y autoridades del ICE.
Un boletín de prensa del Gobierno aseguró que "Costa Rica mantiene interés en recibir asesoría de Anaya en procura de un abordaje más efectivo a los desafíos que tiene el país en materia de protección y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Además se espera contar con su asesoría en la implementación de procesos de consulta a pueblos indígenas, y el desarrollo de mejores prácticas en el respeto de sus derechos".
Anaya también participó en encuentros con miembros de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), diputados, autoridades de la Defensoría de los Habitantes, del Poder Judicial y del Sistema de Naciones Unidas.
En Buenos Aires de Puntarenas y Térraba, centros neurálgicos del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Anaya fue recibido por grupos indígenas de diferentes partes del país, para conocer las preocupaciones por la construcción de la presa hidroeléctrica y su efecto en los derechos humanos de las comunidades indígenas del área. También recorrió y se reunió con el equipo técnico del Proyecto El Diquís.
Anaya también mostró interés en el proyecto de Ley sobre Desarrollo Autónomo Indígena y la recuperación de tierras de los indígenas.
24/4/11
El Diquís depende de generosidad del Estado con la Zona Sur
MERCEDES AGUERO R. maguero@nacion.com 23/04/2011
Pobladores piden hospital, carreteras y empleos a cambio de dar apoyo al proyecto
Represa obligará a reasentar diez pueblos e inundará territorios indígenas
El futuro de la megaplanta hidroeléctrica que el ICE pretende construir en la cuenca del río Térraba dependerá de la generosidad del Estado costarricense con los pobladores de la zona sur.
El Diquís, la obra constructiva más grande en la historia del país y con 650 megavatios de capacidad instalada, es clave para garantizar el suministro eléctrico a partir de noviembre del 2018.
Su construcción cambiará para siempre la vida de los habitantes de 10 comunidades que deberán ser reasentadas, parcial o totalmente, en otros sitios.
También impactará territorios indígenas, bosques, humedales, ríos, flora, fauna y sitios de gran riqueza arqueológica.
Para los pobladores de la zona, hay daños irreparables, pero hay otros que sí podrán ser compensados por el ICE y el Estado, a cambio del apoyo.
En esta especie de trueque, los vecinos piden que se les construya un hospital, carreteras, puentes, acueductos, centros de estudio y la recuperación de territorios indígenas, así como nuevas fuentes de trabajo.
La mayoría de estas peticiones se hicieron reiteradamente y desde hace años, pero a la fecha no hay respuesta gubernamental.
Si el ICE y el Estado atienden las demandas, el camino para desarrollar El Diquís se allana. En caso contrario, irá cuesta arriba.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reservará una parte del costo total del proyecto, estimado en $2.072 millones, para obras y programas de mitigación y compensación debido al fuerte impacto social, cultural y ambiental que tendrá.
No obstante, el gerente de Energía del ICE, Gravin Mayorga, reconoce que las demandas de los pobladores van más allá de lo que la institución puede atender. Requiere la participación activa del Estado y sus instituciones, dijo.
En criterio de Mayorga esto hace que El Diquís deba verse como un proyecto-país y no solo del ICE. Para atender este tema, el Gobierno conformó una comisión que integran 15 instituciones públicas.
El comité es coordinado por el primer vicepresidente, Alfio Piva, quien a principios de mes visitó la región y se comprometió a prestar atención a las demandas comunales. Lo que aún no ha definido es cuál será la fuente de financiamiento para concretar los planes.
Carencias. Las obras de mayor impacto de El Diquís estarán situadas en Buenos Aires, uno de los 10 cantones más pobres del país.
El índice de desarrollo humano, que mide el acceso a servicios como salud, educación y vivienda, lo ubicó en el 2004 en el puesto 76 en el ranking de los 81 cantones.
La economía del cantón gira alrededor de la agricultura, producción de granos básicos, ganadería y el cultivo de piña.
De ahí que la construcción de la represa también sea vista como una oportunidad. “Pero debemos sentarnos a negociar”, sentencia el alcalde local, Carlos Luis Mora.
La construcción de un hospital acorde con las necesidades de sus 47.500 habitantes, encabeza la lista de peticiones del ayuntamiento.
Hoy, el cantón solo cuenta con una clínica de atención básica.
A esto se suman otras necesidades urgentes como la construcción de un acueducto para el distrito central, una planta de tratamiento de aguas negras, edificación de puentes y rehabilitación de la red de caminos.
‘Tenemos que negociar primero’
Carlos Luis Mora
Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas
¿Ustedes apoyan la construcción de la planta El Diquís?
Sí estamos de acuerdo. S í vamos a apoyar, siempre y cuando nos sentemos en la mesa de negociación para que el pueblo y los gobiernos locales de los cantones afectados podamos defender los puntos que consideramos fundamentales. En Buenos Aires, empezamos con la construcción del hospital.
¿Es decir, se trata de un apoyo condicionado?
Sí, porque nosotros creemos que esas cosas debemos negociarlas antes de que el proyecto empiece. Uno sabe que cuando un proyecto arrancó y se construyó ya es tarde para empezar a negociar.
¿Cómo lo van a hacer?
Vamos a proponerle al Consejo de Gobierno que vengan, pero que ellos sean quienes nos escuchen (ya vinieron y nosotros los escuchamos) y ojalá establecer un documento o un convenio de compromiso con firmas de responsables.
”Pretendemos que, por vía decreto o de alguna ley, quede un impuesto a partir de que el proyecto empiece a producir la energía. Esto es porque ellos (el ICE) construyen, pero luego se van y quién le va a dar mantenimiento a nuestros caminos y a mitigar el impacto que la hidroeléctrica nos va a provocar. Porque nuestras costumbres, modo de vida y cultura en sí van a tener un cambio bastante brusco”.
Este proyecto también impacta a Osa y San Isidro de El General. ¿Cuál es la relación con esos ayuntamientos?
Hemos hablado de que debemos unirnos para hacer peticiones conjuntas, incluso, a nivel de los seis cantones que integran la cuenca del Térraba.
“Estamos claros que Buenos Aires es el cantón más impactado y tiene sus necesidades particulares, pero vamos unidos”.
17/4/11
Indígenas demandan cumplimiento de promesas a Laura Chinchilla
gimena.alfaro@nacion.com FECHA 16/04/2011
La visita de la presidenta a Talamanca ocasionó malestar en los pobladores
Vecinos del cantón reclamaron títulos de tierras ‘invadidas por extranjeros’
Presidenta anuncia que cada estudiante del cantón tendrá una computadora
Limón. Un grupo de 70 indígenas del cantón de Talamanca, Limón, demandó ayer el cumplimiento de planes de gobierno y mencionó las prioridades que, a su criterio, la presidenta Laura Chinchilla debe concretar en hechos.
Así lo manifestaron los pobladores indígenas durante la visita de Chinchilla a la comunidad Bríbri como parte de su gira a la provincia caribeña, que concluyó ayer.
La actividad protocolaria se cumplió con la puesta en marcha de un concejo municipal extraordinario en la dirección regional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
A diferencia de su llegada a otros pueblos limonenses, en esta ocasión la gobernante fue recibida con cordiales aplausos, más no efusivos saludos, y se mostró más seria de lo habitual en su discurso.
Las peticiones a la gobernante dominaron la sesión; ella respondió a esos pedidos con anuncios de pronta ejecución de proyectos sociales, de infraestructura, agricultura, educación y salud a corto y mediano plazos.
Sin embargo, para los indígenas todo ello no fue suficiente y así lo dejaron saber con la manifestación que reunió a vecinos de la comunidades Bríbri y Kekoldi, quienes reclamaron tierras de su propiedad “invadidas por extranjeros”.
“Muchas veces nos sentimos abandonados por el Estado. En el país hay muchas leyes, pero nadie las pone a funcionar cuando es a favor de nosotros”, dijo Justa Romero, representante indígena.
Sus reclamos se acentuaron cuando la Mandataria se retiró del lugar sin atenderlos.
“Ella (Chinchilla) no tuvo el sentir de los que estamos, y lo vemos en carne propia. Venimos con pancartas, pero en nuestro propio cantón no se nos escucha y no se nos da espacio para expresar el sentir indígena. Su visita nos deja un sinsabor”, manifestó Romero.
Prioridades. Durante la sesión del concejo municipal se definieron las prioridades de una lista conformada por 15 proyectos, los cuales asumirá el Gobierno para mejorar las condiciones de Talamanca.
Por ejemplo, en corto tiempo se construirá un puente que comunicará a los poblados de Suretka y Amubri, y se dragará el río Sixaola para evitar inundaciones.
La lista de obras la siguen la edificación de una fábrica de productos de cemento y la construcción del Colegio de Shiroles.
Además, Chinchilla manifestó en su discurso que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cerca de $170 millones, servirán para brindar avances tecnológicos a los cantones más pobres, incluidos Talamanca.
Con ello, según la Presidenta, se pretende disminuir la brecha digital que amenaza al poblado.
“Vamos a comprometernos con un programa de computadoras por cada niño, y este será uno de los primeros cantones que tendrá esas máquinas con acceso a Internet”, aseguró Chinchilla.
10/4/11
ONU alerta a país por usar tierra indígena para represa
IRENE VIZCAÍNO ivizcaino@nacion.com 03/04/2011
PIDE CUENTAS POR PROYECTO EL DIQUÍS
Advierte que debe consultar plan y dar participación a comunidades
Cancillería responde que proyecto del ICE está aún en estudio
La preocupación de la comunidad indígena de Térraba por la intención del ICE de usar sus territorios para una planta hidroeléctrica tuvo eco en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Así se desprende de una advertencia que le hizo al país el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, mediante una nota de agosto del 2010, y que Costa Rica respondió el 28 de enero, tres días antes de que se venciera el plazo.
En la misiva, el Comité le recuerda al país obligaciones de consulta y participación a los pueblos indígenas que se podrían ver afectados con la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se trató de una “llamada de atención”, sino de un procedimiento de “alerta temprana”, según la respuesta enviada el viernes ante consultas de este diario.
El Diquís es la planta que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende construir en Buenos Aires de Puntarenas, por un valor de $2.072 millones y con una capacidad instalada de 630 megavatios (MW).
Para hacerlo, sin embargo, requiere de 7.000 hectáreas, 900 de las cuales están en reserva indígena.
Dichos territorios son “inalienables” como lo señala la ley indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“El Comité, por lo tanto, pide que el Estado parte proporcione información sobre las medidas tomadas para asegurar la participación eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos indígenas cuya toma de decisiones referente a todos los aspectos y etapas del plan de la presa de Diquís ha sido afectada, y para obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto a ese proyecto”, dice la misiva.
De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ICE fue el responsable de elaborar el informe.
“Se hizo énfasis en que el proyecto hidroeléctrico solo está en fase de estudio de impacto socioambiental, y que aún no se ha iniciado el desarrollo propio del proyecto”, explicó la Cancillería.
Además, “fue categórico” en cuanto al “proceso de información” que el ICE mantiene con las comunidades.
Las afirmaciones contrastan con reclamos de la comunidad Térraba, señalados en la demanda que el 21 de marzo presentó contra el ICE, el Estado y un particular.
Las quejas
Sin convenio.| La Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad Indígena de Térraba señala que, en febrero del 2007, la junta directiva aprobó un acuerdo para que el ICE realizara estudios, previa firma de un convenio. No obstante, el ICE inició labores sin que a la fecha se haya iniciado el convenio.
Obras. En la demanda presentada el 21 de marzo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, la comunidad indígena refuta al ICE, al asegurar que no solo están en fase de estudio, sino que ya iniciaron obras.
FUENTE Alberto Paniagua, abogado asociación indígena Térraba.
30/3/11
MEGAPLANTA DIQUIS AMENAZADA
Tomado del Periódico La República Edición 30/03/2011
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
Indígenas térrabas demandan al ICE y exigen salir de su territorio
ICE espera alcanzar acuerdo que permita utilizar tierras
La construcción del proyecto hidroeléctrico Diquís, vital para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) logre abastecer de energía a todo el país hasta 2021, se complica por una disputa legal.
La comunidad indígena Térraba demandó la semana pasada a los representantes del ICE, acusándolos de usurparles casi 900 hectáreas del territorio que les fue asignado en la Ley Indígena promulgada en 1977.
En la querella los nativos solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo la salida inmediata tanto de los trabajadores como de la maquinaria que hay en el lugar, así como una indemnización por los trabajos que ya han ejecutado en su comunidad.
El ICE le arrendó parte del terreno en disputa a un no indígena en 2008, quien aseguró que lo había adquirido antes de la promulgación de la Ley Indígena y por lo tanto no había inconveniente para desarrollar el plan hidroeléctrico en ese sitio.
Pero los indígenas aseguran tener los documentos para demostrar que las casi 900 hectáreas en disputa fueron usurpadas a la comunidad Térraba en 1986 y no en 1976, como se había asegurado, dijo Jeiny Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Desarrollo de la reserva Térraba.
Lejos de entrar en una disputa legal, que en caso de no alcanzar una pronta conciliación podría llevarse años en pleito, el deseo del ICE es encontrar una solución que le permita disponer pronto de las tierras que reclaman los indígenas, ya que el inicio de la construcción del proyecto está fijado para 2013, comentó Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del Instituto.
Como solución al diferendo, el ICE tiene la intención de ceder a los nativos de Térraba un terreno con las mismas dimensiones y más apto para la explotación humana que el que reclaman, adelantó Mayorga, quien afirmó que la zona en disputa es muy quebrada y propensa a ser afectada por el río.
Pero los indígenas no tienen intención de negociar con los representantes del ICE hasta que no salgan por completo de su territorio.
Esa fue la principal exigencia que le hicieron a Mayorga el 24 de febrero pasado en el primer encuentro que sostuvieron para tratar de solucionar el diferendo. En la cita estuvieron presentes personeros de la Defensoría de los Habitantes como garantes.
“¿Cómo vamos a sentarnos a negociar si ellos se mantienen explotando nuestras tierras; permitir que permanezcan sería violentar nuestros propios derechos?”, cuestionó Gutiérrez, quien denunció que el ICE ya inició la construcción de los túneles en territorio térraba.
Por otra parte, Mayorga, aseguró que lo que están realizando en este momento en la zona son los estudios de factibilidad.
Sobre la solicitud planteada por los nativos de salir de la zona previo a entablar negociaciones, el ICE lo está considerando; aunque Mayorga dijo que no es justo abandonar la zona si el Instituto ha cumplido al pie de la letra el compromiso asumido con la anterior directiva de contribuir con el desarrollo de la zona a cambio de poder establecer Diquís en tierras indígenas.
No obstante el acuerdo que habrían alcanzado los jerarcas del ICE con la anterior directiva de la Asociación de Desarrollo fue “de palabra”, pues el gerente eléctrico del Instituto reconoció que el convenio no fue firmado por ninguno de los representantes de la anterior Asociación.
La importancia que tiene este terreno que reclaman los indígenas para el ICE es que es el sitio idóneo para erigir la gran represa que requiere la planta eléctrica.
Diquís es el proyecto más ambicioso emprendido por el ICE en sus más de 60 años de historia. Con 620 megavatios de potencia, esa obra será suficiente para abastecer más de 1 millón de hogares.
La intención del Instituto es completar este año los estudios ambientales y que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tome el próximo año para los análisis. El inicio de las obras está previsto para 2013 para que empiece a operar cinco años más tarde.
16/3/11
DEFENSORÍA PIDE EXPLICACIÓN POR TERRENO EN EL DIQUÍS
ICE lo habría arrendado a un propietario no indígena
Tomado de Diario Extra Edicion Martes 15 de marzo 2011
JOHNNY CASTRO
jcastro@diarioextra.com
La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, envió una carta al gerente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Alejandro Soto, para que presente documentos que permitan verificar la situación registral de la propiedad donde se localiza la Galería de Investigación Térraba, dentro del proyecto hidroeléctrico El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas.
Esto después de que durante una visita a la zona constatara la realización de trabajos en un terreno ocupado por una persona no indígena, con el cual se habría firmado un contrato de arrendamiento, pero no ha presentado información que respalde la legalidad de dicho acuerdo.
“Ha sido ante el traspaso de esa propiedad a otro ocupante no indígena, que la administración del Proyecto ha buscado firmar un contrato de arrendamiento con la Asociación Indígena, lo cual no es posible pues como indica el artículo 3 de la Ley Indígena, los territorios indígenas no pueden ser vendidos ni alquilados”, expresa la Defensora en la misiva.
De la misma forma, Taitelbaum, expresó a Soto, que lo que cabría en este caso sería la suscripción de un convenio mediante el cual, el ICE en representación del Estado, propicie diferentes proyectos de desarrollo para indemnizar a la comunidad indígena por la utilización de su territorio.
FUERTE PULSO
La Comisión de los 12 y el Pueblo Indígena Térraba mantienen un fuerte pulso con autoridades del ICE desde finales de enero, al asegurar que buscan despojarlos de cerca de 916 hectáreas para anegarlas y construir la represa de un proyecto que generaría energía eléctrica suficiente para abastecer a un millón de hogares en 2018, fecha que se estima entraría en operación.
Personeros del ICE han tratado de convencer durante las últimas semanas a los pobladores de la zona sobre la importancia de desarrollar este proyecto, con el fin de satisfacer la demanda energética del país, que aumenta a un ritmo del 6% anual, sin embargo, los térrabas mantienen su posición de exigir la salida de personal y maquinaria del ICE de la zona.
Ante esta situación, el 24 de febrero anterior, se realizó una reunión entre representantes de la Gerencia de Electricidad del ICE y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Teraba, en el que la Defensoría actuó como mediador, sin embargo, no fue posible llegar a un acuerdo entre las partes.
A pesar de que la misiva estaba fechada el 4 de marzo y otorgaba cinco días hábiles para recibir una respuesta, la misma fue entregada a personeros del ICE hasta el 9 de marzo, por lo que mañana se vencería el plazo otorgado por la Defensoría para obtener respuesta.
Al respecto, el director de comunicación corporativa del ICE, Elberth Durán, expresó que se encuentran preparando la respuesta requerida por la Defensora de los Habitantes.
“Tenemos diversos puntos que queremos aclarar respecto al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. El plazo para emitir la respuesta está abierto. En el ICE somos conscientes de la importancia que este proyecto tiene para el desarrollo del país y para propiciar bienestar y progreso humano para los habitantes del sur-sur de nuestro territorio nacional”, concluyó.
3/1/11
EL DESEMPLEO INDIGENA
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dio a conocer hace unos pocos días los resultados de la última Encuesta de Hogares, la cual revela como uno de sus principales datos que el desempleo abierto cayó durante este año.
Los estudios demuestran que la tasa de ocupación pasó del 55,4% que se registró el año anterior al 54,8% en el presente, mientras que la de desempleo pasó del 8,4% en 2009 al 7,3% en 2010. Estas cifras inversas se obtienen porque, pese a que el empleo aumentó, no fue lo suficiente para dar trabajo a toda la nueva población que así lo requería.
Un ejemplo de estas zonas no reflejadas son las territorios indígenas, donde el modo de subsistir es la agricultura o la artesanía. Sin embargo no dejan una remuneración justa ni emplean a todas las personas que necesitan laborar.
En otras palabras, pese a que de un año a otro se crearon más de 22 mil nuevas plazas, no fueron suficientes para todos aquellos nuevos oferentes que requerían tener trabajo y los que estaban sin hacer nada.
El estudio ha sectorizado la desocupación laboral por regiones y los salarios que se pagan en diferentes sectores. Sin embargo los datos no han sido muy concretos, al menos los publicados sobre ciertos lugares o poblaciones determinadas de nuestro territorio.
Es más, éstos no podrían llamarse empleos directos, pues son por temporadas y dependen mucho de las condiciones climáticas y los escenarios de mercado, que por lo general son muy desfavorables. Aunque, claro, la mayor parte de la producción agrícola es de subsistencia.
Hace poco recibimos una carta que procede de Suretka, en Talamanca, firmada por el dirigente Abelardo Torres, donde más que una comunicación es un S.O.S para los pueblos autóctonos.
Indica la nota que el desempleo se acentúa en las personas mayores y los jóvenes. Pone de ejemplo a los indígenas que tienen más posibilidad de conseguir trabajo como aquellos que están en el colegio, pero éstos tampoco son empleados en los meses de vacaciones, desaprovechando un tiempo importante en el que podrían ayudarles a sus familias. Casualmente por la falta de fuentes de trabajo.
La situación se complica más a medida que se va adentrando en las montañas, pues en estas zonas las posibilidades de trabajo disminuyen considerablemente y es ahí cuando a los indígenas no les queda más que sembrar marihuana, que cambian por algunos granos y artículos de primera necesidad.
Uno de sus párrafos de la nota describe la realidad: “La mayoría vive en lugares lejanos, son de escasos recursos, lo que los limita hasta en la preparación académica para obtener un empleo. Es preocupante ver que a nadie le importen nuestros niños y jóvenes indígenas que se están perdiendo en la delincuencia, solo porque no hay voluntad política y social en apoyarnos con un granito de arena para salir adelante. Casos particulares que están siendo afectados son los territorios indígenas de Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar y Alto Telire”.
Pese a que esta carta procede de Talamanca Bribri, sabemos que esta situación se repite en la mayoría de las reservas indígenas en todo el país y que requieren las mismas soluciones, y todas urgentes. Por eso nos sumamos a la petición que realizan los indígenas, a través de nuestro medio, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Sandra Piszk, para la creación de un plan estratégico, a fin de mejorar las condiciones laborales en las zonas indígenas. Estamos claros en que urge todo un plan a mediano y largo plazos.
Acción a la que no dudamos la funcionaria por su alto nivel de responsabilidad le pondrá atención y en la que consideramos será clave la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, institución en la que también se tiene grandes expectativas. El principal capital de los indígenas es su tierra y sus conocimientos en siembras.
Lo importante en este tema es que los indígenas no están pidiendo nada regalado, solicitan que el gobierno les ayude a crear fuentes de trabajo para de esa forma ganarse el sustento.
22/10/10
ARMADOS INVADEN TIERRAS INDÍGENAS
Tomado de Diario Extra Edición Viernes 21 de Octubre 2010
Carlos Castro Gamboa
ccastro@diarioextra.com
Ministro de Seguridad envió escuadrón para vigilar Talamanca
El grupo de montaña de la Fuerza Pública ingresó desde la primera semana de octubre a Talamanca para custodiar y evitar que los narcos entren a territorios indígenas.
El ministro de Seguridad, José María Tijerino, emitió la orden de enviar un grupo numeroso de policías a Talamanca por la alerta de un grupo armado que amenaza con invadir tierras indígenas.
Los oficiales de la Fuerza Pública ingresaron desde la primera semana de octubre a la montaña, con el fin de custodiar los territorios indígenas.
“Estamos realizando la operación ‘En defensa de nuestra tierra’, que es patrullaje en distintas zonas de Talamanca, precisamente para erradicar cultivos de droga, para detener a invasores de las tierras indígenas y para ejercer soberanía”, aseguró el Ministro.
Para controlar la situación Tijerino confirmó que hay dos grupos que trabajarán hasta noviembre.
“El objetivo principal era detener a individuos en tierras indígenas que andan con armas, allá está la unidad de montaña, compuesta por 80 hombres”, aseguró Tijerino.
De momento no se confirma que sea un grupo organizado pero por las características y las armas se trataría de una de las bandas narco que quieren hacer su negocio en la montaña, incluso se confirmó que hay varias personas detenidas.
“No hemos encontrado grupos sino individuos dedicados a actos ilícitos, sé que hay personas detenidas por ser halladas con marihuana, son grupos grandes pero no preciso cuántas personas”, añadió.
Trascendió que entre los capturados habría varios extranjeros, entre ellos colombianos y otros centroamericanos.
DERECHOS INDÍGENAS VIOLENTADOS POR DIQUÍS
Tomado de Diario Extra Edición Jueves 21 de Octubre 2010
JOHNNY CASTRO
jcastro@diarioextra.com
Los derechos de 750 indígenas de la reserva de Teribe, en Buenos Aires de Puntarenas, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construirá el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, habrían sido violentados, según un estudio de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en Texas, que será presentado hoy por una delegación que se encuentra en el país para dialogar con autoridades de gobierno.
Según el documento, los pobladores de esta zona enfrentan la construcción de la represa hidroeléctrica más grande en Centroamérica después de haber perdido ya el 90% de su territorio a manos de población no indígena. La instalación de Diquís, a cinco kilómetros de la comunidad, inundará 658 hectáreas o el 10% del territorio indígena restante.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin en el informe “Nadando contra la corriente: El Pueblo Teribe y El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica.”
NO SE LES TOMÓ EN CUENTA
El estudio destaca que el gobierno no incluyó a los indígenas de Teribe en el proceso de toma de decisiones que rodea al desarrollo del proyecto de Diquís, ni obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, tal como lo exigen las normas internacionales que Costa Rica suscribió.
El documento que será dado a conocer hoy de forma simultánea en San José y en Austin, Texas, se indica que mientras el ICE manifiesta que únicamente se encuentra realizando estudios de factibilidad, en la comunidad es posible observar el paso de maquinaria pesada, además de personal que trabaja en el ensanchamiento de caminos de tierra y trabajos de voladura de montañas.
SIN CONSENTIMIENTO
“Posponer el consentimiento es equivalente a negar al pueblo Teribe su derecho a ser consultado y a dar su aprobación libre, previa e informada con relación a proyectos de gran envergadura como El Diquís” concluyó la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Texas.
El documento concluye diciendo que si el ICE avanza con los estudios preliminares del proyecto de El Diquís sin consultar y obtener el consentimiento de los teribes, Costa Rica será responsable de la violación a los derechos de los pueblos indígenas. Más aún, sin una reforma institucional adecuada y cambios en la legislación, el Estado costarricense, claramente, estará violando sus obligaciones internacionales.
Se intentó conocer la posición del ICE con respecto a este tema, sin embargo, el director de Comunicación Corporativa de la entidad, Elberth Durán, manifestó que hoy darán declaraciones sobre el tema.
7/9/10
Informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica 2009-10 Extracto del tema indígena
III. Personas Indígenas
1. Problemáticas recurrentes en las comunidades indígenas.
La Defensoría ha constatado que existen diferentes problemáticas recurrentes dentro de los territorios indígenas, que afectan su desarrollo cultural, económico y social, en varias de las cuales, la actuación de las Asociaciones de Desarrollo constituye un factor común. Sin embargo, contrario a la finalidad de promover el desarrollo, más bien en algunos casos la actuación de las Asociaciones contribuye a acrecentar la problemática. Con la finalidad de ejemplificar estas acciones u omisiones se presentan las siguientes situaciones:
• El Subsistema de Educación Indígena y la potestad de las Asociaciones de Desarrollo de recomendar docentes en los centros educativos indígenas. El caso de Cabagra.
Se han recibido varias denuncias por presuntas irregularidades cometidas por las Asociaciones de Desarrollo, en las cuales las personas denunciantes alegan que las Juntas Directivas recomiendan personas que no cumplen con los requisitos para el puesto, que excluyen de la lista de oferentes a otras/os docentes por meras situaciones personales, y que se recomiendan sustituciones de personal sin que se presenten mejores atestados. (10)
Valga señalar que desde el año 2006 se viene retomando una propuesta para reformar el Subsistema de Educación Indígena, con la finalidad de llenar determinados vacíos en la legislación existente y que crean conflictos entre docentes, Asociaciones de Desarrollo y Ministerio de Educación Pública. Se ha detectado que la población muestra un desconocimiento con respecto a los alcances del subsistema de educación indígena, así como de las potestades de las Asociaciones y del MEP en la selección y nombramiento de docentes indígenas.
Precisamente por esta problemática, en marzo del 2010, la Defensoría recibió aproximadamente 45 personas del territorio de Cabagra, quienes informaron el cierre de las instituciones educativas de esa comunidad, debido al descontento en el nombramiento del personal docente.
Con la finalidad de que el Ministerio de Educación Pública conociera estas situaciones y asumiera las responsabilidades correspondientes, se realizaron tres reuniones para resolver los casos de Cabagra y una destitución en el Liceo de Boruca. Tomados los acuerdos respectivos, se procedió a realizar un proceso de información y conciliación de intereses para la apertura de los centros educativos. Es importante reconocer que en esta labor se ejerció una adecuada coordinación, en donde prevaleció el derecho a la educación de los niños y niñas del territorio de Cabagra.
Resulta necesario recordarle al Ministerio de Educación Pública la importancia de disponer de mecanismos de información permanente al personal docente de los territorios indígenas, no sólo para que conozcan sus derechos, sino también para que denuncien cualquier atropello de las Asociaciones de Desarrollo en perjuicio de sus derechos laborales y del derecho a la educación de la niñez indígena.
El papel de las Asociaciones es el de recomendar y no el de asignar a los/las docentes, tampoco les corresponde realizar sustituciones o acusaciones sin causa demostrada. El MEP no puede evadir su responsabilidad en este proceso, amparándose en un decreto ejecutado a medias.
Por tales razones el MEP debe asumir una participación más activa en la selección de las personas recomendadas por las Asociaciones, para lo cual debe tener en cuenta tanto lo establecido en el decreto MEP-22072 como los requisitos que se deben reunir para ser docente.
• La repartición de bonos de vivienda a personas no indígenas en territorios indígenas.
La falta de vivienda es una de las principales necesidades de las comunidades indígenas, sin embargo, los proyectos de vivienda en los territorios indígenas no pasan del 2% del presupuesto destinado a ese menester. Las denuncias contra las entidades ejecutoras son graves y reiteradas, mientras las instituciones que deben garantizar la satisfacción de este derecho, se pasan la responsabilidad de una a la otra: el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Comisión de Emergencias, las cuales presentan muchas deficiencias. (11)
En primera instancia la entrega de bonos de vivienda que se realiza en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo, presenta uno de los panoramas menos alentadores, donde se denuncian otorgamiento de bonos a personas no indígenas y con recursos económicos, a personas que ya han tenido anteriormente un bono de vivienda, a familiares de la Junta Directa o a funcionarios de instituciones influyentes en la comunidad. Bajo estas circunstancias se carece de la fiscalización, supervisión y control de las entidades responsables, quienes justifican su poca intervención en función de la autonomía de los pueblos indígenas.
En cuanto a la construcción de viviendas, los proyectos son asignados a empresas constructoras de carácter privado, las cuales plantean exigencias a las comunidades sin previa consulta, además no cumplen con los períodos definidos, cambian las especificaciones de las construcciones y en algunos casos dejan los proyectos abandonados.
Esto ha venido ocurriendo sin que se planteen las exigencias del caso por parte de las instituciones públicas en materia de vivienda. Es un hecho que en la asignación de bonos de vivienda se le ha dejado esta tarea a las Asociaciones de Desarrollo Integral, lo cual ha sido motivo de múltiples problemáticas e inclusive de quejas por tráfico de influencias. Se han observado diversas irregularidades que han involucrado a la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas, a las diferentes Asociaciones, a las instituciones públicas en materia de vivienda e inclusive a la misma población indígena, todas estas entidades que no han tomado acciones para resolver estas situaciones.
• El otorgamiento de derechos de posesión a no indígenas en territorios indígenas.
En el período 2009-2010 se muestra una alta incidencia en las denuncias relacionadas con el mal manejo de los territorios indígenas, donde las Asociaciones de Desarrollo como representantes legales de estas tierras, se han acusado de dar terrenos y bonos de viviendas a personas no indígenas, las cuales además no viven en condiciones de pobreza.(12)
A esta situación se suma la deuda del Estado costarricense de indemnizar, reubicar o desalojar, según corresponda, a todas las personas no indígenas que viven dentro de los territorios indígenas. (13)
Asumiendo el reto de pasar de la denuncia a la práctica la Defensoría de los Habitantes está procediendo a solicitar información actualizada al IDA, a CONAI, al Registro Nacional, al MIVAH, y a DINADECO sobre la situación del proceso de demarcación (catastro) y titulación de los territorios indígenas; en procura de darle seguimiento a las acciones que sean informadas y a conjuntar esfuerzos para resolver esta recurrente problemática.
• El cuestionamiento a la representatividad de las Asociaciones de Desarrollo.
Las comunidades indígenas al ser dotadas de autonomía deberían encontrar su mayor representación en las Asociaciones de Desarrollo, sin embargo gran parte de esta población se enfrenta a una considerable contradicción: la negación a su derecho de afiliarse y tomar parte de las decisiones que afectan a sus comunidades. (14)
Esto ha generado un constante descontento con los representantes, que ha llegado a detener el desarrollo de las comunidades y la credibilidad de la población en todas las acciones que implementan las Juntas Directivas. Pese a ello, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, así como DINADECO, bajo el alegato de que se trata de organizaciones privadas, no han asumido un papel proactivo y participativo, contribuyendo con ello a tolerar el atropello de los derechos indígenas.
• Persiste la falta de servicios públicos en las comunidades indígenas.
En la actualidad hay muchas comunidades indígenas que no cuentan con los servicios públicos básicos (agua potable, electricidad, telefonía) limitando sus tareas diarias y la elaboración de proyectos que permitirían el desarrollo de esta población. Aunado a esto se tramitan muchas denuncias con respecto a las malas condiciones de los caminos y la falta de puentes u otro tipo de infraestructura para comunicarse con otras comunidades.15
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en conjunto con las Municipalidades han implementado algunas estrategias para resolver estas situaciones, pero los trámites siguen alargándose, en ocasiones desconocen la naturaleza de los caminos así como la entidad responsable, las inspecciones duran amplios períodos, exponiendo a la población a mayores riesgos.
• El irrespeto al derecho de consulta.
La explotación de los recursos naturales y la implementación de proyectos dentro de los territorios indígenas sin previa consulta, ha sido una de las situaciones que ha indignado a esta población.
En diferentes reuniones personas del territorio de Térraba han criticado los abusos de poder, la violación a sus derechos y el accionar inconstitucional de las entidades públicas como en el proyecto Diquis. Por ello es necesario que se promueva el trabajo coordinado de las instituciones públicas con estas poblaciones, respetando su identidad cultural como sus territorios.
La panorámica descrita requiere de una intervención proactiva y coordinada de parte del gobierno central, de los gobiernos locales y de las instituciones autónomas, con las comunidades indígenas, en procura de fortalecer y de garantizar el respeto real de los derechos de estas personas. Para que se den cambios al interior de los territorios indígenas resulta oportuno que las instituciones públicas interinstitucionalicen sus acciones, conjuntamente con las asociaciones de desarrollo indígenas, de manera que su intervención sea integral.
Lo anterior es lo que ha impulsado a esta Defensoría a emitir recomendaciones a diferentes instituciones públicas, para que ejerzan sus obligaciones frente al conjunto de la sociedad civil, dando respuesta a las necesidades que enfrenta la población indígena.
[….]
3. Un año más en la Asamblea Legislativa: La Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.
A inicios del presente año la Defensoría insistió ante la Presidencia de la República para que el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fuera convocado en sesiones extraordinarias.
Esto pues, a criterio de esta Defensoría, la nueva legislación renovaría el reconocimiento de derechos, por parte del Estado costarricense, a los Pueblos Indígenas; además, posibilitaría un mejoramiento de la calidad de vida de esta población y el Estado haría valer los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Además el proyecto de ley ha sido ampliamente discutido y analizado en el ámbito legislativo y el nacional, y el proceso de consulta a los pueblos indígenas fue uno de los más significativos que se han realizado en el país, el cual satisfizo los estándares mínimos establecidos por el Convenio 169
Como toda ley puede ser perfectible, pero ello no debe continuar siendo obstáculo para no aprobarlo. Como es sabido los pueblos indígenas viven en niveles de pobreza mucho más altos que el resto de la población; esa situación se manifiesta en la carencia de recursos económicos, en la falta de acceso a la tierra y en la dificultad de acceso a los servicios públicos. Es precisamente por esto que la nueva legislación podría constituirse en una oportunidad para que el Estado costarricense planifique y desarrolle acciones concretas para la superación de la pobreza en los pueblos indígenas.
Por tales razones, la Defensoría de los Habitantes insta respetuosamente a las señoras y señores diputados/as a aprobar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas para darle vigencia a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Convenio 169.
(10) Al respecto la Defensoría tramita algunas denuncias mediante los expedientes Nº 57676-2010-SI, 53182-2010-SI y 54456-2010-SI.
(11) Actualmente se investigan algunas situaciones en el pueblo China Kichá en Talamanca, mediante el expediente Nº 37312-2009-SI y el 35082-2009-SI.
(12) En la Defensoría se han tramitado diversas quejas por irregularidades en el territorio indígena de Térraba y su respectiva Asociación de Desarrollo, las cuales se analizan en el expediente Nº 37069-2009-SI.
(13) Son poseedores de Buena Fe las personas no indígenas que ocuparon tierras que posteriormente fueron declaradas dentro del territorio indígena y que no han sido reubicadas por el Estado, conforme lo establece la Ley Indígena.
2/9/10
Líder bríbri reclama reconocimiento social a las mujeres indígenas
"Desde el inicio del mundo, nuestro creador SIBÖ nos hizo semilla y nos dio el liderazgo a las mujeres, por eso nos protege, para que sigamos cumpliendo un papel importante en nuestra sociedad", afirma Justa Romero, una indígena bríbri de Costa Rica.
Justa, dirigente de la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (Asomuita), desempeña un rol "mediador" en todos los asuntos públicos del territorio bríbri: resuelve problemas de tenencia de tierra, casos de violencia doméstica, problemas de la niñez y la adolescencia y negocia con las instituciones públicas.
Los hombres Bribrís se someten a esa autoridad porque "saben que así está organizado el mundo desde el principio, porque la misma tierra es mujer", afirma.
Pero Justa admite que no en todas partes las mujeres tienen las mismas prerrogativas. En el resto del país "el liderazgo les fue arrebatado a las mujeres por la colonización", dice refiriéndose al dominio que España ejerció en América durante más de trescientos años.
Justa Romero fue una de las más de 100 participantes en el Encuentro de Mujeres Lideresas que tuvo lugar el viernes en San José, con motivo del 60º aniversario del voto femenino.
Junto a esta líder indígena, participaron activistas por los derechos de las mujeres, microempresarias, dirigentes comunales, funcionarias públicas y académicas, entre muchas otras.
Una de las conclusiones centrales de la actividad es que hay muchas mujeres costarricenses que ejercen liderazgo en sus comunidades, en las instituciones o en el mundo de la iniciativa empresarial, pero es poco el reconocimiento que reciben y muchos los obstáculos que deben vencer para lograr el éxito.
"La idea (del encuentro) es abrir un espacio para el intercambio de experiencias y la articulación de estas mujeres", dijo a la AFP la coordinadora de la actividad, Diana Fuster.
"Hay muchas lideresas en distintos espacios de la sociedad pero no tienen apoyo, ni reconocimiento, ni oportunidades de capacitación. Más que ciudadanas sujetas de derechos, son consideradas madres sociales, que reproducen en la comunidad sus funciones familiares", dijo Fuster.
Emma Chacón milita desde los doce años en el movimiento femenino. Hoy, con más de treinta, es dirigente del Foro Autónomo de Mujeres, organización que lucha por los derechos de la mujer y por la eliminación de la desigualdad de género.
Desde 1949, cuando se reconoció en Costa Rica el derecho de las mujeres al sufragio, "hemos logrado avances muy importantes, pero muchos de éstos se han ido quedando en el nivel legal y en la práctica no operan o sólo operan en forma parcial", aseguró Chacón.
"No es cierto que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres en los mismos puestos y con iguales capacidades; el acceso a las becas y la capacitación no es lo mismo para ambos géneros, ni las oportunidades de empleo. La carga de los hijos y los deberes familiares sigue recayendo en las mujeres", argumentó la activista.
Aunque una ley reciente estableció que los partidos políticos deben asignar el 40% de sus cargos de elección popular a mujeres, en la práctica se incumple la norma porque ellas no tienen la misma disposición de tiempo que los hombres, ni se les asignan los mismos roles en la acción política.
29/8/10
Represión contra pueblos indígenas en Costa Rica: la historia se repite
Un grupo de 21 representantes de las comunidades indígenas, llegó a la Asamblea Legislativa a consultar sobre un proyecto de ley que reposa el sueño de los justos por más de 17 años. Anunciaron que se quedarían esperando una respuesta de la presidenta de la república y no tuvieron que esperar mucho, a la fuerza los echaron a la calle. Son más de 500 años de ignominia y despojos, antes fueron los conquistadores, ahora los gobiernos serviles del gran capital y las transnacionales.
La situación que viven nuestros pueblos indígenas no sólo es producto de la historia, más bien se re edita cada día en el presente. La profunda pobreza, la desigualdad y la exclusión social que enfrentan, se la debemos a nuestros ilustrísimos gobernantes y a las grandes potencias que saquean nuestros recursos. El origen de tanta desigualdad se remonta a viejas estructuras sociales basadas en la injusticia, que vienen desde las masacres perpetradas contra nuestros pueblos originarios, justificadas por la iglesia católica en aras de catequizar a los salvajes, cuya sangre llevamos orgullosos en nuestras venas. Los despojaron de sus tierras, los esclavizaron, los sometieron a las encomiendas, trataron de borrar a sus dioses y costumbres, se apropiaron de sus riquezas, violaron a las mujeres y a las niñas. ¡Me llama la atención que las salvajadas las cometían los europeos, pero los salvajes desalmados eran los indígenas!
Los conquistadores se apoderaron de las mejores tierras y muchos se constituyeron en dueños de haciendas, adquiridas bajo la innegociable razón de la fuerza. Los descendientes de esos hacendados y mercaderes fueron erigiéndose en las oligarquías contemporáneas, modernizaron los medios de producción, pero mantuvieron incólumes sus prácticas oprobiosas hacia los indígenas. La independencia de las colonias fue útil para dividirse los territorios en zonas de influencia, las cuales pusieron al servicio de las transnacionales imperiales, dando paso al poderoso clan que el maestro Calufa llamó “Mamita Yunai”.
Éramos países manejados como haciendas, o éramos haciendas gobernadas como países. Da lo mismo, los dueños de las fincas siguieron reproduciendo las viejas estructuras de explotación, ahora con ejércitos que reprimieran a quienes osaran cuestionar el orden de las cosas que dios había establecido en la tierra. El garrote y el fusil eran efectivos cuando el cura no les convencía de quedarse quietos. Iglesia y ejército, tomados de la mano se repartían la tarea, casualidad que ambas instituciones gustan de exhibir uniformes como treta disuasiva.
Nuestros antepasados no les hicieron fácil la tarea. La sangre indígena y la sangre negra les llevó a rebelarse y nuestra historia está llena de los Tecum Umam, Lempira, Presbere, Urracá, Jacinto Canek, Cristóbal Chajal, Atanasio Tzul, Cemaco, el negro Bayano y tantos otros que con la sola mención de su nombre le hacían temblar los calzoncillos a los soldados españoles. ¿Han visto ustedes que los libros de historia están llenos de nombres de españoles, pero casi no aparecen los hijos del maíz y los de origen africano?
Más adelante aparecieron los Victoriano Lorenzo, Farabundo Martí, Augusto César Sandino, Francisca Carrasco, Juanito Mora y muchos mártires y héroes, hombres y mujeres, que han ido forjando nuestras aspiraciones de una Centroamérica con justicia social.
La historia se repite, los y las indígenas vilipendiados por la Fuerza Pública y las autoridades legislativas durante la nefasta madrugada del 10 de agosto, representan esa sangre y esas culturas que se niegan a ser exterminadas. Vaya obsequio del gobierno de Costa Rica en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Profundo respeto nos merecen Mariana Delgado, Luisa Bejarano y todo el grupo de representantes de los territorios indígenas, que defienden los derechos de sus pueblos de manera Firme y Honesta.
25/8/10
Decomiso récord de piezas arqueológicas
Tomado del Periódico Al Día Edición 25 de agosto 2010
Hugo Solano
hsolano@aldia.co.cr
Con más de 2.200 piezas decomisadas en Lourdes, Montes de Oca, el OIJ se incautó de una de las mayores cantidades de arte precolombino del país. Se trata de una colección del período Nacascol.
Se trata de esculturas de oro, plata, jade, piedra, cerámica y otros materiales, valorados en millones de dólares.
Ayer por cuarto día consecutivo, los oficiales entraron a la casa de la familia Dada Fumero.
Se trata de una tía de Patricia Fumero, directora del Museo Nacional quien, según la Fiscalía, días antes del allanamiento solicitó al Museo un informe de la documentación relacionada con sus tíos, circunstancia que obligó a acelerar la diligencia judicial.
Ayer el ministro de Cultura, Manuel Obregón, separó temporalmente del cargo a Fumero y ordenó una auditoría interna en el Museo Nacional para garantizar la transparencia del caso.
El decomiso
Un “pickup” Daihatsu de cajón cerrado, perteneciente al Museo Nacional, se encargó de trasladar las piezas, debidamente empacadas por el personal hasta las bodegas de la institución.
Metates, trípodes, jarrones y esculturas con antigüedad de hasta 400 años a. C. figuran entre lo que estaba en urnas en habitaciones y un sótano.
Trascendió que habían libros donde los dueños de la casa tenían contactos con coleccionistas de otros países. Supuestamente, extranjeros entraban a la casa ocasionalmente.
La familia que tenía las piezas se expondría al delito de infracción al patrimonio arqueológico, según la Fiscalía.
Añade la Fiscalía, que la directora del Museo solicitó un estudio legal para establecer la posibilidad de declarar una amnistía con el fin de que los coleccionistas pudieran inscribir los bienes.
Fumero dijo el jueves que sus tíos y otras familias gestionaban la entrega la colección obtenida en buena parte de excavaciones en propiedades de ellos en Guanacaste. La acción iba a ser este año y “se aprovechó que yo asumiera el cargo para negociar una buena entrega de la colección”, dijo.
Añadió que, tras la acción judicial, ella se separó del proceso por tratarse de familiares suyos.
12/8/10
Costa Rica y la Celebración Internacional de los Pueblos Indígenas
Asociación de Mujeres Indígenas Orcuo Don
Mano de Tigre Térraba
A los 517 años de resistencia de los pueblos indígenas del mundo, en Costa Rica, un país libre, democrático, dizque, sin ejército galardonado con un Premio Nobel de la Paz en la persona del expresidente Dr. Oscar Arias Sánchez del partido oficialista.
Al convocarse una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa en el Salón de Beneméritos, por parte de delegados indígenas ante el proyecto de autonomía acompañados con liderezas y líderes indígenas. Una omisión más por parte de partido oficialista Liberación Nacional, no llegan los diputados verdiblancos a esta actividad.
La actitud del estado sigue siendo la misma burla, menosprecio, humillación a los pueblos indígenas.
Según la presidenta de la República Laura Chinchilla en declaración a la prensa aduce que los y las indígenas somos personas ignorantes porque exigimos que se respetan los derechos indígenas.
Doña Laura, díganos cuál es el perfil de un diálogo democrático ya que usted en campaña se comprometió a buscar consenso para la aprobación de este proyecto 14.352 que tiene 17 años de ser utilizadas por políticos hoy diputados para acercarse a pueblos indígenas y pedir el voto.
Sí, sí somos ignorantes porque hemos creído en la estructura política y politiquear de los gobernantes y legisladores del turno.
Es fácil saber como se vive el racismo en este país contra los pueblos indígenas. Con la declaración de la presidente Laura Chinchilla a medio de comunicación este día, que no se va tolerar actos como estos, cuáles actos, porque nuestros hermanos y hermanas indígenas estaban en un acto pacífico. Esto es democracia y libertad de expresión.
Cuando quieran callar a la fuerza, la voz del pueblo, la voz de los indígenas que sí somos pacientes de haber sufrido tanto atropello en estos 517 años de resistencia, participando en procesos políticos mentirosos, ultrajadores desde los partidos mayoritarios y así somos los que violentamos la paz y la democracia de este país.
La paz empieza con el respeto al derecho humano, respeto a la diferencia de los pueblos originarios, de los que menos tienen, de los que conservan sus bosques, aguas, su forma de vida menos contaminada, de los y las que creemos que vivir bien no es solamente tener grandes cuentas en los bancos. Sino respetamos entre sí.
No somos violentos, ningún indígena estaba con armas en la Asamblea, no estaban haciendo una asalto, sólo pedimos que se defina este proyecto de autonomía 14.352.
Lo que sí concibo es que la mayoría de los indígenas no son preparados en política.
Así es que los que le han hecho daño al Estado Costarricense no son ciudadanos indígenas comunes, sino son personas que han ocupado altos cargos en el estado y siguen estando allí.
Para el diputado Gerardo Villanueva y todo aquel que apoye la gestión de abrir una oficina indígena en la Asamblea Legislativa, no estamos pediendo limosna ya sabemos cuál es la realidad de esta oficina. Es únicamente para no cumplir con las obligaciones que le corresponde al estado.
Clausuren a CONAI que DINADECO cumpla con que le corresponde que no hayan ADIs en territorios indígenas.
Que se aprueben el Proyecto de Autonomía y no verán más indios e indias en la Asamblea.
Es así como en Costa Rica, país libre, democrático, donde se respetan los derechos humanos, se celebra el día internacional de los pueblos indígenas sacando a la fuerza y golpeando a indígenas, tirando a suelo a mujeres indígenas que piden que se respeten nuestros derechos.
"Por eso nos discriminan"
"Seguiremos luchando por nuestros derechos, con dignidad, y, moriremos con por estos derechos, con ley o sin ley", puntualiza el comunicado.
Responsabilizaron al Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa lo que en el presente y futuro suceda con los indígenas del país, finalizando con la siguiente nota:
"Somos los dueños habitantes de esta madre tierra, no actuamos guiados por ningún Partido Político, es la lucha por nuestros derechos y culturas ancestrales y milenarias lo que nos mueve, sólo los intereses mezquinos, ven en nuestra lucha las banderas electorales, que poco nos conocen, por eso nos discriminan".
Delegados indígenas denuncian discriminación por parte de Poderes de la República
Tomado de elpregon.org
Denunciaron nuevamente el maltrato, racismo y etnocidio del estado costarricense.
Con indignación, los delegados de los 8 pueblos indígenas costarricenses repudiaron en un comunicado público entregado a este medio, la desatención y hasta abuso que recibieron tras una conferencia de prensa que brindaron en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Haciendo especial énfasis en los dirigentes políticos del partido oficialista, Liberación Nacional, así como algunos diputados del Movimiento Libertario, los representantes de los pueblos originarios señalaron que éstos "no tuvieron la capacidad ni la gentileza de llegar a nuestro llamado y manifestar públicamente su posición en relación al Proyecto de Ley de Autonomía Indígena".
En dicha conferencia de prensa, el grupo representante de las comunidades indígenas del país realizó un humilde llamado a la Presidenta Laura Chinchilla para que convocara en sesiones extraordinarias el proyecto de Autonomía Indígena, expediente número 14.352, y se mantuvieron en el recinto legislativo hasta que el Ejecutivo se pronunciara.
"No fueron capaces de darnos respuesta oral o escrita, afirmativa o negativa sobre este Proyecto que tiene 17 años de transitar por los corrillos legislativos; por lo que decidimos quedarnos en el Salón Beneméritos, en espera de esa respuesta y, que el Poder Ejecutivo encabezado por la Presidenta se refiera al tema".
Denuncian violento desalojo
Entre una y dos de la mañana de hoy martes, los indígenas fueron desalojados de las instalaciones legislativas con la aplicación de fuerza, según un video en manos de este medio y que fue grabado mientras se llevaba a cabo el desalojo.
El retiro forzoso de los indígenas fue llevado a cabo por parte de hombres vestidos de civiles (sin uniforme), que con empujones y presión violenta fueron expulsando uno a uno a los indígenas de los recintos. No se sabe aún qué tipo de autoridad tenían estos sujetos.
Según manifestaron los delegados indígenas, éstos les señalaron que estaban a la espera de respuestas de la Jefa de Estado y de los Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa, indicándoles además que "si nosotros tenemos que obedecer, nos sacarían pues no opondríamos resistencia, pero que tampoco saldríamos por nuestra voluntad".
Para los dirigentes de los pueblos originarios, "el 10 de agosto se escribió una página triste para la historia de nuestro país y su desgastado discurso de democracia y derechos humanos".
Dentro de los abusos que sufrieron, los indígenas mencionaron arrastres por el piso, golpes a mujeres y hombres, e incluso una herida a una activista indígena a la cual le hicieron sangrar un brazo; a tal punto que la Cruz Roja, tuvo que dar atención a varios de ellos.
El desalojo fue efectivo por parte de las fuerzas sin uniforme que los retiraron, con excepción de la dirigente Luisa Bejarano, que se aferró a la pierna de la diputada Carmen Granados del PAC, para que no la sacaran de las instalaciones. A la hora de redacción de esta nota, aún se encontraba dentro del recinto legislativo.
Reconocen apoyo solidario
En el comunicado entregado por escrito a este medio, los dirigentes reconocen que "durante todo el tiempo y de manera desprendida y solidaria contamos con al presencia de los Diputadas/os Carmen Granados, Carmen Muñoz, Juan Carlos Mendoza, Manrique Oviedo y Claudio Monge del PAC y el Diputados José María Villalta, del Frente Amplio"
Del mismo modo, agradecieron el apoyo del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, integrado por Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos Paz y No Violencia, indicando que "sin su apoyo firme y permanente, no hubiéramos realizado muchas de nuestras acciones, como esta, en los últimos años".
Cierran el diálogo
Con atención a la opinión pública, los Pueblos Indígenas de Costa Rica denunciaron una vez más la discriminación, el maltrato, el racismo y el etnocidio del Estado costarricense, "demostrado una vez más con este desalojo violento, que indica que damos por terminado el diálogo y la suplica por la aprobación de la Ley Nº 14.352 en la Asamblea Legislativa".
Nuevamente manifestaron que la Presidenta Chinchilla debe enviar el Proyecto de Ley 14352 al Plenario, para que sea votado, y que los diputados deben aprobarlo para saldar la deuda con los convenios internacionales firmados, así como con "tantos siglos de dominación y de violencia contra nuestros pueblos".
Asimismo, abren la posibilidad de que el proyecto sea rechazado, para así "dejar abierto el camino de las acciones internacionales y otras medidas que obliguen a cumplir al Estado Costarricense y reparar los graves daños causados con su incumplimiento".